El Gobierno oficializó su rechazo a la reforma previsional. Este lunes, publicó en el boletín oficial el decreto de Javier Milei que veta de manera total el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756 aprobado por el Congreso nacional. El decreto fue firmado por Javier Milei el viernes pasado.

Luego de que el Senado haya sancionado la ley por la nueva movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei vetó totalmente el proyecto. El decreto —que firmó el viernes por la noche— se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial y así la decisión se hizo efectiva. En simultáneo, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono de 70 mil pesos para los jubilados en el marco del sistema de actualizaciones vigente. Lo que aún no se definió pero está bajo estudio es un incremento extra que podría rondar el 8%;

El Gobierno ha expresado en un comunicado que «el proyecto de ley aprobado por el Congreso infringe de manera evidente el marco legal actual, ya que no considera el impacto fiscal de la medida ni identifica la fuente de financiamiento», según informa Todo Noticias en su edición de hoy.

El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irracionabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.

En este contexto, se recuerda que el reglamento de la Cámara de Senadores establece en su artículo 126 que «todo proyecto que implique gastos debe incluir en sus fundamentos una estimación de dichos gastos e indicar la fuente de financiación. Si no se presenta esta información, no se discutirá hasta que se subsane la omisión».

Además, se menciona que el Congreso «debe actuar con responsabilidad institucional, evitando emitir normativas que perjudiquen las finanzas públicas o que contradigan las proyecciones de ingresos y el reparto de gastos estipulados en el Presupuesto Nacional».

El presidente ha señalado que «el Presupuesto en vigor para el ejercicio 2024 no incluye una partida que permita afrontar el costo que la medida del proyecto de ley aprobado significaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)».

El decreto destaca que «la administración actual tiene como objetivo primordial la emisión monetaria cero para combatir la crisis inflacionaria que afecta el poder adquisitivo de los argentinos».

Asimismo, el Gobierno sostiene que «continuará creando las condiciones necesarias para preservar el valor de los haberes, la solvencia fiscal y el crecimiento sostenible».

Con base en lo anterior, el decreto afirma que, para que el país siga avanzando hacia la estabilidad y el crecimiento, el Poder Ejecutivo Nacional debería ejercer su derecho constitucional de veto total sobre la iniciativa legislativa recibida.

El viernes, Javier Milei se reunió con legisladores del PRO, del MID y de La Libertad Avanza para explicarles las razones del veto. El Presidente buscó asegurar que los bloques aliados en la Cámara de Diputados no respalden el rechazo al veto que está preparando la oposición. También hizo un llamado a Óscar Zago (MID) para que se acerque nuevamente al oficialismo mediante un interbloque.

A pesar de la decisión firmada por el Presidente, la controversia sobre el aumento de las jubilaciones no ha llegado a su fin: el veto de Milei tendrá que ser discutido en el Congreso. Si el Gobierno no logra asegurar el apoyo en alguna de las dos Cámaras y la oposición obtiene dos tercios de los votos en Diputados y Senadores, la reforma jubilatoria deberá ser promulgada.