Entre los policías, se encuentra Iván S, que vive en Puerto General San Martín. Siete de ellos tienen prisión preventiva por 90 días y uno por 30.

El juez de Garantías, Carlos Vera Barros, respaldó las acusaciones contra ocho miembros de la Policía de Acción Táctica (PAT) acusados de haber robado alrededor de 15 kilos de cocaína y diversos objetos de valor de una vivienda en el barrio Azcuénaga. Esto ocurrió el 13 de agosto, cuando privaron de su libertad a los habitantes, originarios de Bolivia y Perú, en el contexto de un procedimiento ilícito. La audiencia se llevó a cabo este viernes bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal. Siete de los policías fueron detenidos preventivamente por 90 días, mientras que el octavo lo fue por 30 días. Las acusaciones incluyen violación de domicilio, robo agravado, falsificación ideológica, asociación ilícita y encubrimiento. Ninguno de los acusados declaró ante el juez.

La imputación presentada por los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa recae sobre los suboficiales del tercio “Alfa” de la PAT: Fernando F., Gerardo P., Jesús B., Guillermo T., Sergio R., Iván S.,(de Puerto General San Martín) así como sobre sus jefes, los oficiales Renzo M. y Agustín M. Todos fueron arrestados o se entregaron a la justicia a partir del miércoles, tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF) de realizar operativos en sus hogares o lugares de trabajo.

La imputación señala que el 13 de agosto a las 16:30, los seis suboficiales llegaron a la vivienda ubicada en Forest al 5600. Aunque la Fiscalía no ofrece una hipótesis clara sobre cómo se determinó que ese domicilio era el blanco, una versión sugiere que se debió a la intimidación de un detenido en un procedimiento anterior. Posteriormente, los suboficiales entraron a la casa, sometieron a los tres adultos presentes, esposando a los dos hombres y encerrando a una mujer y sus dos hijos –de 1 y 8 años– en un dormitorio. Bajo amenazas y violencia, realizaron un registro exhaustivo de la vivienda y los vehículos de los hombres (ambos bolivianos) en busca de drogas y dinero, todo sin testigos.

Todo el procedimiento se llevó a cabo, según la Fiscalía, bajo las órdenes del jefe de tercio, el oficial Renzo M., quien arribó posteriormente junto con el oficial Agustín M. Se ha confirmado que el grupo de policías notificó a la Fiscalía de Flagrancia a las 18:36, más de dos horas después de haber entrado. En esa comunicación, el oficial Renzo M. intentó justificar su presencia en el lugar, proporcionando un horario de entrada, alegando razones para la presencia policial y presentando un motivo de ingreso que resultó ser falso, como suele ocurrir en estos casos.

El relato del oficial incluía la típica alegación de un posible delito en curso, mencionando tareas de patrullaje, una persecución policial a “dos hombres”, su rápida huida hacia la vivienda, el ingreso policial, la aprehensión y el hallazgo de elementos que fueron formalmente secuestrados. Esta versión fue luego documentada en un acta firmada por los seis suboficiales, que mencionaba el hallazgo de una balanza, cuatro armas (antiguas escopetas y carabinas), medio kilo de cocaína, cuatro teléfonos (dos de ellos destruidos al momento de la intervención) y tres granadas de gas lacrimógeno. También afirmaron que no había cámaras en los alrededores.

La teoría de la Fiscalía, respaldada por indicios y testimonios, sostiene que los policías sustrajeron valiosa mercadería ilícita, que incluye entre 12 y 15 kilos de cocaína en ladrillos, una escopeta, un fusil, cuchillos, 50 mil dólares, 285 mil pesos, así como ropa y teléfonos nuevos y usados. Todo esto supuestamente fue transportado en los vehículos que usaron para trasladar a los detenidos. Los fiscales presentaron evidencias que van desde el seguimiento del GPS de los vehículos, hasta las declaraciones impactantes de las víctimas del operativo, junto con la orden del servicio que indica que los uniformados actuaron fuera del área asignada, entre otros elementos.