«Decidí presentarme. Pude seguir amparado en mis fueros. Pero acá estoy porque no quiero que a un ciudadano común le pasó lo que a mí», dijo Traferri, hoy en la audiencia. Tras el cambio de fiscales los nuevos produjeron ayer, no obstante, una muy fuerte imputación contra el senador, exponiendo la misma evidencia reunida hace cuatro años, pero con alguna nueva información.
Sentado junto a sus abogados Oscar Romera y Juan Murray, el legislador hizo su primer descargo formal ante la jueza Eleonora Verón, que en 2021 lo convocó por decreto aunque no se presentó en dicha oportunidad ya que resistía la actuación de los ahora desplazados fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Traferri habló durante 15 minutos en tono sereno. Sostuvo que el señalamiento en su contra empezó en 2017 o 2018 cuando en ejercicio como legislador, dijo, fue perfilado de manera ilegal «por un mecanismo que se conformó que es la famosa causa de espionaje ilegal tengo característica de víctima y querellante, lo que me permitió obtener muy buena información».
Se trata de una causa que desde noviembre de 2021 investiga a varios ex funcionarios del Ministerio de Seguridad acusados de receptar información personal sobre empresarios, dirigentes políticos y gemiales, sin autorización fiscal. A eso aludió inicialmente Traferri.
«El origen de mi causa empieza a ser visible cuando el señor Marcelo Sain asume como director del Organismo de Investigaciones el 20 de diciembre de 2018. Ya el 14 de enero de 2019 empezaron a circular mis perfilamientos intentado ligarme a la banda de Alvarado. Y luego hay una una declaración donde Alvarado dijo que le habían ofrecido un abreviado de ocho años si me nombraba a mí como miembro de su organización», afirmó Traferri. Lo mismo que había señalado en conferencia de prensa en diciembre de 2020.
«Luego profundizó su seguimiento desde el Ministerio de Seguridad», dijo de Sain. «Armaban grupos de tareas al mejor estilo de la dictadura militar armando expedientes y causas con una persecución a dirigentes políticos, jueces, empresarios a fiscales». Leyó entonces algunas declaraciones de empleados del Organismo de Investigaciones que constan en la causa contra Sain que lleva en Santa Fe el fiscal Ezequiel Hernández «que nombraban todo el tiempo a Traferri y se lo querían llevar puesto», dijo.
«Más que un ministro teníamos un jefe de inteligencia ilegal al frente del Ministerio», dijo de Sain, que renunció a su cargo en coincidencia con el inicio de la causa de los perfilamientos.
Traferri habló de «la maliciosa obsesión» que atribuyó contra él a los fiscales Edery y Schiappa Pietra. «Parecían actores que salían todo el tiempo en los medios y pretendían vincularme a bandas criminales. Hoy los vinculados son ellos. Basta ver la causa de Mariana Ortigala a quien para desvincularla le pedían que me nombre».
Efectivamente Edery está hoy investigado por omisión de persecución contra Ortigala, que fue testigo protegida en la causa de Alvarado que el fiscal llevó. Schiappa Pietra no está imputado.
Traferri dijo este miércoles celebrar estar finalmente en una audiencia, a la que no quiso voluntariamente acudir durante tres años, gracias a que el Senado al que pertenece no le levantó los fueros. Ayer los nuevos fiscales lo imputaron por asociación ilícita, organización de juegos de azar ilegales, negocios incompatibles con la función pública, cohecho pasivo y peculado de caudales públicos. Y tráfico de influencia agravado por su condición de senador ya que le adjudicaron haber requerido a magistrados favorecer trámites penales de personas vinculadas a la red de juego.
Los fiscales habían dicho que cuando surgió la complicación penal de Peiti fue evidente como el círculo de relaciones de Traferri se esmera en no mencionarlo por su nombre en sus comunicaciones por su nombre. El rechazó haber hecho ninguna gestión decisiva para que Peiti accediera al negocio del juego legal en la provincia ya que eso, remarcó, es atribución del Poder Ejecutivo.
Lo que se proponía Traferri, según los fiscales, es que se pudiera gestionar el juego online que explotaba Peiti, de manera legalizada, con la concesión de la tecnología VLT (virtual lottery terminal) en la Legislatura provincial. Peiti ya tenía adjudicados estos negocios legales en Formosa y Misiones.
«Escuché atentamente la imputación. La verdad no entiendo. Se mezcla todo. Hay una confusión sobre cómo funciona el sistema. Es imposible que un legislador de una concesión . Querer vincularme a mí en reuniones que no estuve. Entiendo la pretensión de los fiscales pero me deja mucho que desear».
«Quiero aprovechar para señalar cómo funciona el legislador», dijo con la idea de subrayar que las decisiones finales de temas como políticas de concesiones las tiene el Ejecutivo. «Parece que tengo más poder que el gobernador. Fui tres veces intendente de San Lorenzo. Fui senador por primera vez entre 2003 y 2007 y solo entonces participé de la comisión de bingos y casinos. No se cómo podría diez años después haber influido en eso.
Sostuvo que atendió a Peiti como lo hace «con las más de 600 instituciones que tiene mi departamento. Damos aportes de 70 mil pesos y lo ponen como algo extraordinario. Tanto se ha hablado de los subsidios. Pero un pedido de subsidio va al senado, la comisión de gestión lo considera y lo votan los 19 senadores. Vamos a tener que traer a todos los senadores acá», enfatizó.
«Si defendemos el compre local también hay allí tráfico de influencias. Esa es la función de un senador. Con este rol de senador es como conocí a Peiti. Y cuando se presentó lo que pretendía es que en ¨Santa Fe se hiciera lo de Misiones y Formosa».
Distinguió por último, en el arranque de una crítica manifiesta hacia Perotti, que Pullaro acaba de hacer un convenio con la provincia de Buenos Aires para explotar el telekino por lo que a Santa Fe le quedará el 24 por ciento de lo recaudado en este juego de azar en su territorio. «Eso mismo me vino a pedir a mi lo que vino a hacer Peiti lo mismo que hacía en Misiones o Santa Fe».
«El propio gobernador (Pullaro) denunció penalmente al ex gobernador (Perotti) por dar el juego por decreto. Eso debe ser profundizado un poco más. Pullaro mandó un proyecto para legalizar el juego online y luego les dio a los actuales concesionarios la habilitación para explotar el juego online. Un legislador se puede oponer o apoyar a lo máximo. Pensar que podemos (los legisladores) dar las obras publicas a las empresas o el juego es no entender nada. Jamás le pedí ni recibí dinero de Peiti, ni le pedí nada a las cientos de instituciones que recibí por pedidos de manera similar».
Dijo que al fiscal regional Patricio Serjal, que será juzgado por recibir sobornos de Peiti y está en la trama en que se encuentra él mismo, lo conoció cuando asumió su cargo. «Lo llamé para felicitarlo. Pueden llamar a fiscales y jueces de San Lorenzo para ver si en 38 años los llame alguna vez para pedirles algo. Es una incoherencia que me indigna un poco también». Traferri dijo esto porque sus acusadores señalaron que había promovido él mismo la designación de Serjal en 2018 para gestionar los negocios de la asociación ilícita. «Nunca le pedí ni a Serjal ni (al condenado fiscal Gustavo) Ponce Asahad ni a ningún funcionario judicial que intervenga que no investigue o favorezca a Peiti», remarcó.
Con información de la Política Online
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