Diecinueve personas han sido imputadas por administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita en relación con el caso Vicentin. Cuatro ex directivos de la empresa fueron encarcelados bajo prisión preventiva este sábado por 120 días. Se trata de Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua, exrirectivos de la empresa.

Los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno los acusan de desviar aproximadamente 6 mil millones de pesos (valor actual) de empresas satélite para gastos personales, durante el periodo comprendido entre finales de 2019 y 2024, cuando Vicentin ya se encontraba en concurso preventivo.

Según la acusación, los ex directivos continuaron ejerciendo poder y utilizando empresas del grupo (no la concursada) para cubrir gastos personales, como el pago de honorarios a los abogados que los representan en la investigación penal.

En una conferencia de prensa, los fiscales explicaron que la estafa total en la causa principal asciende a unos 700 millones de dólares, caso que está a la espera de la audiencia preliminar antes del juicio oral. La segunda investigación se originó a partir de la denuncia de un accionista que afirmaba que los ex directivos seguían pagando gastos personales con fondos de la empresa. Un allanamiento solicitado por el fiscal Moreno en diciembre de 2023 derivó en la imputación actual.

“La audiencia que terminó el día sábado tuvo por objeto presentar una imputación contra muchos de los ex directivos de Vicentín que ya estaban imputados y acusados desde hace un tiempo y otras personas que no, que son nuevas. Y en concreto lo que se les imputó es que descubrimos que después de 2020, que es donde se cortan las maniobras que habíamos imputado en primer término y que se habían acusado, han continuado haciendo maniobras para sacar fondos de Vicentín y de las empresas que pertenecen a Vicentín para costearse gastos propios, básicamente, que tendrían que pagar de su propio bolsillo o con sus propios bienes y que en cambio estaban organizando maniobras para que todos esos gastos fuesen pagados por las empresas, lo cual constituye el delito de administración fraudulenta”, explicó el fiscal Sebastián Narvaja.

Expusieron para sostener su teoría un conjunto de elementos de prueba, como cadenas de correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación, para señalar que, a través de distintas maniobras, esa estructura fue tomando decisiones que afectaron el patrimonio tanto de Vicentin Saic como de vinculadas, como Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda.

La Fiscalía determinó que el perjuicio asciende a 6 mil millones de pesos a valor actual, lo que constituye el delito de administración fraudulenta. El fiscal Narvaja aclaró que el daño nominal fue de 800 millones de pesos, pero al actualizarlo utilizando el salario mínimo vital y móvil como referencia para calcular la devaluación desde finales de 2019 hasta 2024, el valor asciende a los 6 mil millones de pesos.

Los fiscales enfatizaron que su rol no es controlar empresas ni la veeduría del concurso, ya que esta última supervisa a Vicentin (la concursada) pero no a las otras empresas del grupo. Los fondos, según la acusación, fueron sustraídos de estas últimas, aprovechando la falta de control. Se afirma que el comportamiento de los ex directivos fue similar al que tenían antes de 2019, cuando la empresa declaró estrés financiero y comenzó la crisis que derivó en las causas civil y penal.

“El Ministerio de la Acusación no opera como órgano de control de empresas. Tampoco estaban controladas por la veeduría del concurso, porque solamente controla lo que es Vicentín Sociedad Anónima, Vicentín SAIC, pero no tiene poder para ver las cuentas de las otras empresas. Y un poco lo que acusamos es esto, que aprovechándose de que las otras empresas que sí pertenecen a Vicentín, pero que no son Vicentín, los fondos fueron sacados permanentemente de ese otro grupo de empresas, aprovechando la falta de control. Y también parte de lo que imputamos es maniobras que se dan ahora sí en perjuicio de Vicentín SAIC propiamente, desde agosto del año pasado, de 2024 en adelante, que coincide justo cuando termina la veeduría del concurso preventivo en el marco del concurso. Entonces, lo que básicamente expusimos es decir, miren, mientras ha habido control de la veeduría del concurso, parecen haberse frenado estos quites de fondos”, agregó el representante del MPA.

Respecto a quienes recibieron los pagos, el fiscal Narvaja aclaró que la investigación se centra en los ex directivos como administradores, y que las personas que recibieron los pagos no están incluidas en la imputación.

Sobre el gasto de los abogados, los fiscales señalaron que: ” Parte de los gastos que se le imputan haber pagado con fondos de la empresa, que tendrían que haber pagado con fondos de ellos, son gastos de honorarios profesionales de defensores y de otros gastos profesionales también que se han ido pagando. La investigación pone el foco en la conducta de los ex directivos como administradores, que son los que tienen la responsabilidad de cuidar de no gastar la plata de las empresas en otra cosa. Luego, las personas que reciben esos pagos por servicios que prestan no han estado dentro de los parámetros de la imputación”

De los 19 imputados, 13 ex directivos ya habían sido imputados y ahora se amplió la acusación. Se agregaron tres directivos como integrantes de la asociación ilícita, así como los directivos actuales (presidente, vicepresidente y director). Los cuatro ex directivos detenidos están acusados de ser los jefes de la asociación ilícita y permanecen en prisión preventiva por 120 días, con posibilidad de extensión si la fiscalía presenta acusación antes de ese plazo. Los 15 restantes tienen medidas restrictivas de la libertad por dos años, que incluyen la prohibición de comunicarse con los detenidos y salir del país, la obligación de pagar una fianza y presentarse mensualmente ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

“Se detuvo a 4 personas que eran los ex directivos, a los cuales la fiscalía considera jefes de la asociación ilícita, que fue a las personas a las que se les pidió prisión preventiva. Esas personas, el tribunal dispuso la prisión preventiva y continúan detenidas por el plazo que ha fijado el tribunal. Los 15 restantes tienen medidas restrictivas de la libertad, no prisión preventiva sino alternativa, que son que no pueden comunicarse con las personas que quedaron detenidas, que no pueden salir del país, que tienen que pagar una fianza a cada uno, o cubrirlo de alguna manera con algún bien, y que tienen que presentarse mensualmente ante la oficina de gestión judicial” añadieron.

Los doce que ya estaban acusados de pertenecer a la asociación ilícita deberán depositar, además,una fianza de u$s 200 mil cada uno. Se trata de Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Javier Gazze, Miguel Vallaza, Diego Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia. Los tres restantes, Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor, tendrán las mismas obligaciones pero la fianza será de u$s 500 mil para cada uno.

El fiscal Moreno afirmó que la investigación revela que las conductas ilícitas continuaron desarrollándose en el tiempo y muestran un modus operandi en el que la asociación ilícita mutó, pasando de obtener ganancias ilícitas o defraudar a consolidar el provecho del delito y obtener impunidad para los integrantes.

“El punto de partida de la investigación fue un allanamiento que realizó el doctor Moreno en diciembre de 2023, en el marco de una denuncia que hacían personas que son accionistas de Vicentín, que decían, mire, lo que hemos visto es que todavía las personas que habían estado en el poder en la empresa siguen ejerciendo el poder en la empresa y están usando fondos de la empresa para costearse gastos propios”.

Sobre los presuntos pagos a periodistas de Buenos Aires por parte de Vicentin, el fiscal confirmó la información y afirmó que estos periodistas “han desinformado en cierta forma a través de cuentas de Twitter”, cuestionando “mediante falacias el accionar de la fiscalía en la causa Vicentin” y haciendo comparaciones falaces con otras investigaciones. El fiscal aclaró que en esas otras investigaciones no se advirtió la comisión de delitos y que las causas fueron archivadas y el archivo confirmado por la Fiscalía General.

“El criterio para determinar que estén presos es justamente la comisión de nuevos hechos, pero la verificación de conductas que se denominan a través del Código Procesal Penal como representativas de peligrosidad procesal. Esto es, intentar eludir de todas las maneras posibles y suministrar información a la fiscalía y a los órganos concursales.”, añadió Moreno.

Y agregó: “Intentar influir sobre la voluntad de, al menos en un caso tenemos corroborado, tratar de influir en la voluntad de una de las víctimas. En la actitud que los hoy acusados han demostrado, o imputados y acusados, han demostrado frente al daño. O sea, hay un perjuicio patrimonial de los 200 millones de dólares, y frente a este daño la actitud de las personas imputadas ha sido profundizar el daño y continuar en la aplicación de hechos ilícitos”.

Además, en la audiencia se conoció que según el primer informe presentado al juez Fabián Lorenzini por los nuevos veedores del concurso de Vicentín, los principales ejecutivos de la empresa se autodespidieron, llevándose una suma total de $1.960 millones de pesos. Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg fueron designados veedores por el juez tras las denuncias de los gremios aceiteros, quienes alertaron sobre problemas de liquidez y un posible vaciamiento de la empresa después del fin de la intervención judicial en agosto del año anterior.

Sobre las desvinculaciones, el informe dice: “La empresa ha celebrado acuerdos de desvinculación laboral por un monto de  1.944.854.115,19”. Y luego precisa, como se publica a continuación, cuánto acordaron llevarse (en cuotas) los principales ejecutivos de la empresa que estaban al frente al momento del default.

“En términos de derecho laboral hay un retiro por un mutuo acuerdo entre la patronal y ellos mismos. Lo curioso es que justamente sean ellos, los jefes de la asociación ilícita, quienes encabecen esta salida, cuando en realidad en la práctica tampoco están saliendo”, aseveró Moreno.