Carlos Ramón Paz, un jubilado policial de 68 años, ha la intervención de funcionarios solicitando su intervención para agilizar la resolución de un prolongado conflicto judicial que lo mantiene alejado de su vivienda. En una carta, Paz relata cómo fue despojado de su casa en 2018, ubicada en calle Eva Perón 1100 de Puerto San Martín, y desde entonces enfrenta un tortuoso camino legal sin obtener respuestas concretas.

El hombre, quien se adjudicó la propiedad en 2012 durante su servicio activo en la policía, inició múltiples acciones legales, incluyendo denuncias penales y una demanda reivindicatoria en el fuero civil. Sin embargo, el proceso se encuentra estancado desde agosto de 2024 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Lorenzo, a cargo del Dr. Alejandro Marcos Andino, quien también está al frente de otros dos juzgados.

Paz, obligado a pagar un alquiler con su magro ingreso jubilatorio, denuncia la falta de recursos y la sobrecarga del sistema judicial como causas del retraso. “Como contribuyente, no puedo entender ni tolerar que la falta de jueces impida resolver un problema que solo depende de la justicia”, expresó en su carta.

El jubilado pidió al senador Traferri que traslade su caso al Gobernador Maximiliano Pullaro, al Ministro de Justicia Pablo Cococcionni, y a la Corte Suprema de Santa Fe, destacando la urgencia de su situación y la necesidad de reordenar el funcionamiento judicial local. “Mi único objetivo es que me devuelvan mi casa”, afirmó.

La carta cierra con un llamado a la responsabilidad institucional y un pedido de respuesta. La situación de Paz refleja un problema más amplio: la frustración de muchos ciudadanos ante un sistema judicial que no garantiza respuestas oportunas.