El exministro de Planificación del kirchnerismo comenzó a cumplir la condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta. El Tribunal Oral Federal N°4 rechazó su pedido de prisión domiciliaria. La defensa anunció que acudirá ante la ONU por una supuesta detención arbitraria.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido se presentó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py y quedó detenido para cumplir la pena de cuatro años de prisión impuesta por su responsabilidad en la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4.

El tribunal rechazó además el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa, por lo que el exfuncionario kirchnerista deberá cumplir la pena en una unidad penitenciaria. De Vido arribó pasadas las 8 h a Comodoro Py, ingresó por uno de los accesos principales y se dirigió al estacionamiento subterráneo. En paralelo, sus abogados solicitaron al Tribunal Oral N°7 eximirlo de comparecer a la audiencia del día en la causa Cuadernos.

En ese marco, su abogado Maximiliano Rusconi anticipó que presentará una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, al considerar que la decisión judicial “viola derechos humanos fundamentales”. A través de un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, el letrado cuestionó la “velocidad sospechosa y oportunismo evidente” con que la Corte rechazó el recurso de queja de la defensa.

La Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisibles” los recursos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal, dejando firme la condena contra De Vido como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El exministro De Vido había sido condenado en 2018 por el TOF N°4, que determinó que no cumplió con su deber de controlar los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), operadora de la línea Sarmiento. Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo —vinculado directamente con las muertes y lesiones—, los jueces lo responsabilizaron por el manejo irregular de los recursos estatales.

El fallo de primera instancia fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal y ratificado en 2024 por la Corte Suprema, que fijó en cuatro años el monto final de la pena e impuso además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con esta resolución, la Justicia cerró de manera definitiva el expediente y desestimó el intento de la defensa por declarar la prescripción de la causa.

La Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento no logró frenar al llegar a la estación terminal. El siniestro dejó 51 muertos y más de 700 heridos, y marcó uno de los episodios más graves en la historia del transporte ferroviario argentino.