Tras las protestas en Rosario, el gobierno pasó a disponibilidad a 20 policías y advierte que podría haber más sanciones

Silvana Pagani

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó que no se tolerarán acciones “ilícitas y violentas” que busquen desestabilizar la política de seguridad. Diferenció el reclamo salarial legítimo de sectores de la fuerza de maniobras impulsadas por grupos desplazados y confirmó investigaciones administrativas y penales.

El gobierno provincial decidió pasar a disponibilidad a al menos 20 policías tras los hechos registrados en las últimas horas durante las protestas en Rosario y otras localidades de Santa Fe. La medida fue confirmada este martes por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien advirtió que las sanciones podrían ampliarse a medida que avancen las investigaciones.

En una conferencia de prensa brindada en la Sede de Gobierno de Rosario, acompañado por los secretarios Esteban Santantino y Omar Pereira, el funcionario fue enfático: “Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”. En ese marco, sostuvo que la provincia “va a cuidar las políticas que le devolvieron la paz a los santafesinos”.

Cococcioni explicó que los efectivos sancionados serán pasados a disponibilidad con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas, por incumplimiento de los deberes a su cargo durante las protestas. Además, señaló que se investiga la posible comisión de ilícitos penales, tanto por parte de algunos policías como de grupos ajenos a la fuerza.

Según detalló, detrás del reclamo salarial —que el ministro reconoció como legítimo— “se montaron intereses particulares y sectoriales” que promovieron acciones violentas y antijurídicas. En ese sentido, denunció la participación de personas vinculadas a sectores desplazados de la Policía, algunos de ellos relacionados con graves hechos de corrupción y con delincuentes actualmente detenidos.

Durante las manifestaciones, indicó el funcionario, se intentó impedir la salida de al menos veinte móviles policiales destinados a tareas de patrullaje. En Rosario, varias unidades fueron estacionadas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y hubo agentes que abandonaron el servicio, dejando patrulleros sin custodia. Pese a estos episodios, Cococcioni aseguró que “el patrullaje se sostiene con esfuerzo y sin afectar la seguridad de la ciudadanía”.

“Todo policía que cumple correctamente su función y ha contribuido a la reducción de la violencia seguirá contando con el respaldo del Gobierno”, aclaró el ministro, al tiempo que remarcó que no se permitirá que un reclamo legítimo sea utilizado como excusa para desestabilizar el despliegue preventivo.

En paralelo a las actuaciones administrativas iniciadas por la Jefatura de Policía y la Subsecretaría de Control, la provincia trabaja de manera conjunta con el Ministerio Público de la Acusación para avanzar en las investigaciones judiciales correspondientes.

Por último, Cococcioni destacó la articulación con el gobierno nacional y con las fuerzas federales, en coordinación con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. “Hay una política de seguridad exitosa que está dando resultados en Rosario y en toda la provincia, y no estamos dispuestos a resignarla”, concluyó.