Denuncian por violencia de género al intendente de Funes: su esposa relató un clima de miedo en el hogar

La mujer, médica de 51 años, acusó al intendente de agresiones verbales e intimidaciones constantes. Aseguró que debe encerrarse con sus hijos para protegerse y pidió la intervención urgente de la Justicia.

Un terremoto político sacude a Funes. El intendente Roly Santacroce fue denunciado por su esposa en la Comisaría 23 por presuntos hechos de violencia de género e intimidación en el ámbito doméstico.

La denunciante, médica de 51 años, se presentó ante la Policía de Santa Fe tras un episodio que describió como la culminación de un escenario de agresividad creciente. Según consta en el acta policial, la mujer solicitó la intervención de los poderes del Estado para garantizar su seguridad y la de sus hijos adolescentes.

Un relato marcado por el temor

En su declaración, la esposa del intendente describió un clima de hostilidad que, asegura, se volvió insostenible. Relató que ante los “arranques de agresividad” de Santacroce se ve obligada a encerrarse bajo llave en una habitación junto a sus hijos para resguardar su integridad física y psicológica.

La denuncia también menciona reuniones nocturnas en un quincho de la vivienda familiar con personas ajenas al entorno íntimo, en encuentros donde —según su versión— se consumía alcohol hasta altas horas, lo que incrementaba la sensación de inseguridad dentro del hogar.

Otro punto consignado en la presentación judicial indica que, tras uno de los conflictos, el intendente se habría retirado del domicilio llevándose dinero en efectivo perteneciente al fondo familiar.

Posibles medidas judiciales

En las próximas horas podrían dictarse medidas de restricción de acercamiento y eventual exclusión del hogar, en línea con los protocolos vigentes para casos de violencia de género.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial de la Intendencia de Funes ni declaraciones públicas de Santacroce respecto de las acusaciones. El caso abre un frente judicial y político de alto impacto institucional, mientras la Justicia avanza en la evaluación de los hechos denunciados.

La investigación recién comienza, pero el episodio ya generó fuerte repercusión en la región y coloca bajo la lupa la conducta privada de un funcionario con responsabilidad pública.

(Con información de El Ciudadano)