
Con la reciente derogación de programas comerciales, el Gobierno eliminó 58 normas que habían quedado en desuso. La medida busca terminar con las distorsiones de mercado y simplificar el marco legal vigente.
El Gobierno nacional oficializó la baja definitiva de un paquete de normativas vinculadas al comercio interior, marcando el fin formal de programas que fueron pilares de la gestión económica anterior, como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados.
La resolución, publicada este martes, se enmarca en el proceso de revisión integral que impulsa la Secretaría de Industria, Comercio y PyME desde diciembre de 2023. Según fuentes oficiales, el objetivo principal es eliminar la “incertidumbre jurídica” y facilitar la interpretación del entramado regulatorio para los operadores del mercado y consumidores.
La norma, que consolida la derogación de 240 regulaciones en total hasta la fecha, busca “normalizar el mercado de crédito” y corregir las señales de precios que, según el Gobierno, generaban distorsiones en la asignación de capital. Entre los puntos más destacados se encuentran:
Programas de consumo: Se eliminaron 30 disposiciones asociadas a Ahora 12 y Cuota Simple. Cabe recordar que este último, que permitía financiar compras en cuotas fijas, finalizó en junio de 2025 sin ser prorrogado debido a las condiciones del mercado financiero.
Fondo Estabilizador del Trigo (FETA): Se dieron de baja 22 normativas que instrumentaban este fondo, el cual funcionaba como un mecanismo de intervención directa en la cadena triguera.
Precios Cuidados: Se eliminó la normativa accesoria a este programa, poniendo fin a una política de acuerdos de precios que nació en 2014 y derivó en diversos esquemas de control en la última década.
Educación privada: Se derogó la obligación de los colegios de notificar anticipadamente sus aranceles, una medida que el Gobierno calificó como generadora de “distorsiones” y aumentos preventivos por parte de las instituciones.
La resolución también ajusta los mecanismos de atención al consumidor. En este sentido, se eliminó la normativa que duplicaba los canales de reclamo para adolescentes de 13 a 17 años. La justificación es técnica: el Ejecutivo sostiene que la normativa actual ya garantiza la protección de los menores en sus relaciones de consumo, por lo que buscó eliminar “superposiciones” administrativas para agilizar la gestión.
“La eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal y facilita su aplicación”, destaca la resolución oficial, subrayando que el Ejecutivo prioriza ahora un mercado donde la oferta y la demanda definan las condiciones, sin la intervención directa que caracterizó a los programas derogados.