Milei aplicó un decreto que cambia la designación de jueces y genera polémica

El Gobierno nacional comenzó a utilizar el nuevo mecanismo de selección de magistrados establecido por el decreto de Milei, una medida que modifica etapas del proceso de evaluación y generó cuestionamientos de organizaciones civiles, especialistas y sectores de la oposición

El decreto de Milei que modifica el sistema de designación de jueces comenzó a aplicarse oficialmente y abrió una nueva discusión sobre la transparencia y los mecanismos de control en la elección de magistrados. La implementación se concretó con la publicación en el Boletín Oficial de varias ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes en distintos tribunales federales del país.

Entre los cargos que deberán ser cubiertos figuran puestos clave en la Justicia Federal, incluyendo vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py, la Cámara Civil y Comercial Federal, un juzgado federal con competencia electoral en Corrientes y otros tribunales nacionales.

La puesta en marcha del nuevo procedimiento representa uno de los primeros pasos concretos de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores.

Qué cambia con el decreto de Milei

La principal modificación introducida por el Gobierno elimina instancias previas de participación ciudadana que formaban parte del proceso de evaluación de candidatos.

Hasta ahora, asociaciones civiles, colegios profesionales, entidades vinculadas al ámbito judicial y ciudadanos particulares podían presentar observaciones u objeciones respecto de los postulantes incluidos en las ternas antes de que el Poder Ejecutivo avanzara con la nominación.

Además, existían mecanismos de consulta relacionados con antecedentes, declaraciones juradas patrimoniales y otros informes destinados a brindar mayor transparencia durante el proceso de selección.

Con la nueva normativa, el Ministerio de Justicia deberá publicar la información básica de los candidatos y las ternas correspondientes, dejando para una etapa posterior el tratamiento legislativo que se realiza en el Senado de la Nación.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es simplificar procedimientos administrativos y acelerar la cobertura de vacantes judiciales.

Críticas por la reducción de la participación ciudadana

La implementación del nuevo esquema generó cuestionamientos de organizaciones especializadas en transparencia institucional, derechos civiles y fortalecimiento democrático.

Diversas entidades advirtieron que la eliminación de instancias de participación pública podría reducir las posibilidades de detectar observaciones relevantes antes de que el Poder Ejecutivo defina los nombres que enviará al Congreso para su aprobación.

También surgieron planteos judiciales impulsados por especialistas en derecho constitucional que buscan revisar el alcance de la medida.

Mientras tanto, el Gobierno continúa avanzando con la aplicación de la nueva normativa en concursos considerados estratégicos dentro del sistema judicial argentino, en un escenario donde el debate sobre la independencia, la transparencia y los mecanismos de selección de magistrados vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política nacional.