El Gobierno adjudicó la Hidrovía a Jan de Nul en la mayor privatización de la era Milei

Tras un complejo proceso de un año y medio que incluyó dos licitaciones, la firma belga —asociada a la local Servimagnus— se quedó con la concesión por 25 años de la principal ruta logística del país. El acuerdo contempla una rebaja inicial del 13,5% en las tarifas de peaje para los exportadores.

El Gobierno nacional selló este jueves el paso más trascendental en su programa de reformas estructurales al confirmar la privatización más grande y estratégica de la gestión de Javier Milei. A través de la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial, se adjudicó la concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente como la Hidrovía Paraná-Paraguay, a la empresa belga Jan de Nul en sociedad con la firma argentina Servimagnus.

El negocio en juego no es menor: el dragado, señalización y mantenimiento de esta traza fluvial representa un monto estimado en 15.000 millones de dólares. Por este corredor circula el 80% de las exportaciones argentinas y se asientan cerca de 60 terminales portuarias, consolidándose como la columna vertebral del comercio exterior de la nación.

Definición técnica y rebaja de tarifas

La definición del concurso llegó tras un empate en las propuestas económicas, dado que los dos competidores finales ofertaron el precio mínimo dispuesto en los pliegos de bases y condiciones. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de Jan de Nul y Servimagnus por sobre la propuesta de la también belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) gracias a la calificación de su oferta técnica. El Gobierno ponderó la vasta experiencia de Jan de Nul en la traza, firma que ya estuvo a cargo de la concesión entre 1996 y 2021, y que desde entonces continuaba prestando el servicio bajo un esquema de contrato provisorio mientras la administración estuvo bajo la órbita estatal.

La firma del contrato definitivo está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días e impactará de inmediato en los costos logísticos. De manera inicial, la tarifa de peaje que pagan los exportadores —y que se traslada a los productores locales— sufrirá una baja del 13,5%, pasando de los actuales 4,30 dólares por tonelada de registro neto a US$ 3,80. Este valor se mantendrá congelado hasta tanto se ejecuten las obras de profundización del dragado; posteriormente, el esquema tarifario escalará a US$ 4,65 y finalizará en US$ 5,78 en las etapas avanzadas del contrato.

Un camino sinuoso hacia el consenso

Llegar a este anuncio demandó un año y medio de marchas y contramarchas que generaron fuertes dolores de cabeza en los despachos oficiales. Una primera licitación, desarrollada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó en medio de denuncias cruzadas de corrupción y direccionamiento por parte del PRO y la Coalición Cívica. Aquel proceso, que concluyó con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), terminó naufragando con un solo oferente en pie.

A diferencia de aquel frustrado intento, este segundo proceso logró encauzarse con el visto bueno de las provincias ribereñas y de los propios usuarios de la vía navegable. Pese a que el tramo final no estuvo exento de presiones diplomáticas, fuerte lobby mediático y una denuncia de la firma brasileña DTA Engenharia que no prosperó, las autoridades destacaron que no se presentaron impugnaciones formales por parte de DEME, el otro competidor en carrera.

El impacto económico y el retorno de inversión

Desde el Ministerio de Economía destacaron, a través de un comunicado oficial, que la culminación de esta licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, marcando un hecho histórico para el sector privado del país”. Según detallaron, el incremento de la profundidad de la vía permitirá que los buques completen su carga directamente en los puertos de origen, optimizando la competitividad general de la industria y expandiendo la frontera productiva. Asimismo, se prevé la incorporación de tecnología de vanguardia orientada a la seguridad de la navegación y al combate contra el narcotráfico.

Con esta resolución, el Estado argentino da por concluida su etapa de gestión directa sobre el río y reasume estrictamente un rol de autoridad de control y fiscalización.

Los números del negocio proyectan que Jan de Nul demandará un plazo de 7 años para comenzar a registrar ganancias netas y unos 13 años para alcanzar un flujo de caja libre acumulado positivo, debido a que deberá realizar desembolsos de entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante el primer sexenio de la licencia. En contrapartida, se estima que la recaudación por peajes generará ingresos iniciales por 289 millones de dólares al año, escalando a US$ 389 millones hacia el sexto año y saltando a US$ 517 millones anuales una vez consolidadas las nuevas tarifas y las obras estratégicas.