Rosario: Inactivaron tres búnkeres de droga en el barrio donde asesinaron a un policía federal

Los operativos se realizaron en la zona oeste de Rosario en el marco de la investigación por el homicidio del agente de las fuerzas federales. Con estas intervenciones, suman 129 los puntos de venta desarticulados en la provincia desde la aplicación de la Ley de Microtráfico.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), coordinó este viernes la desactivación de tres inmuebles utilizados para la venta minorista de estupefacientes en el barrio Banana, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Las intervenciones se concentraron en el sector de la calle Gutemberg, entre la avenida 27 de Febrero y el Pasaje Gálvez.

El despliegue judicial y policial se concretó en el mismo perímetro donde la semana pasada un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado en medio de un procedimiento oficial vinculado a causas por narcotráfico. Los nuevos operativos sumaron la participación de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a los fiscales a cargo de las causas territoriales.

Con estos tres nuevos derribos, las estadísticas oficiales registran un total de 129 búnkeres e inmuebles inactivados en todo el territorio santafesino desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023. Dicha normativa transfirió la competencia de la investigación de la venta de drogas a menor escala desde el fuero federal hacia la justicia ordinaria de la provincia.

Investigaciones y secuestro de material genérico

El fiscal Franco Carbone detalló que las propiedades intervenidas quedaron bajo la lupa judicial a partir de los indicios recolectados tras el homicidio del efectivo federal y otras investigaciones conexas sobre bandas que operan en dicho sector.

“En el marco de las medidas adoptadas después del hecho, realizamos allanamientos simultáneos en estos inmuebles y en otros puntos del barrio. Se secuestró material estupefaciente fraccionado para la venta, elementos de corte, balanzas de precisión y armas de fuego“, especificó el funcionario judicial, señalando que estos elementos resultan clave para el sostén de la acusación. Ante estas pruebas, la fiscalía solicitó el cese del estado antijurídico de los inmuebles para evitar que vuelvan a ser operativos para las redes delictivas.

Respecto a la cadena de responsabilidades, Carbone confirmó que ya existen personas imputadas y bajo régimen de prisión preventiva por estas causas. No obstante, advirtió sobre la dinámica actual de las organizaciones: “Son personas conocidas que continúan desarrollando actividades delictivas a través de terceros, ya que sus principales integrantes se encuentran detenidos“.

Desarticulación edilicia como política de control

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, remarcó que las tareas apuntan a cortar los circuitos comerciales de las bandas en los puntos con mayores índices de conflictividad. “Estos lugares no son solamente puntos de venta de droga; son también focos de violencia”, analizó al justificar la necesidad de avanzar con los derribos edilicios.

El esquema aplicado en barrio Banana combina el avance de las causas en las fiscalías con el despliegue de operativos policiales en territorio y la posterior eliminación física de la infraestructura de comercialización, en un intento por desactivar los índices de violencia urbana asociados al negocio ilícito en los barrios periféricos.