
En cuestión de pocos días, Pampa Energía protagonizó anuncios que reflejan dos caras muy distintas de su estrategia empresarial. Mientras confirmó el cierre de la planta de caucho sintético de su Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín —la única productora de ese insumo en la Argentina—, la compañía avanza con proyectos de inversión por más de US$7.000 millones en otros negocios considerados estratégicos.
Por un lado, este martes la empresa aprobó la Decisión Final de Inversión (FID) para construir una planta de urea en Bahía Blanca, un proyecto de US$2.700 millones que será el mayor desembolso individual de su historia. Paralelamente, el Gobierno nacional oficializó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del desarrollo petrolero Rincón de Aranda, en Vaca Muerta, una iniciativa que demandará otros US$4.500 millones.
Según informó la compañía, la nueva planta de urea será desarrollada por su subsidiaria Pampa Fértil y requerirá una inversión de US$2.700 millones. Tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales, con inicio de obra previsto para 2027 y un plazo de construcción estimado en tres años y medio.
Analistas financieros señalaron que el crecimiento de la generación de caja proveniente de Vaca Muerta y del negocio eléctrico permitirá financiar buena parte del proyecto con recursos propios.
El mercado recibió positivamente el anuncio: las acciones de Pampa Energía subieron 2,61% y bancos internacionales como Jefferies, Citi, BTG Pactual e Itaú BBA proyectaron precios objetivo de entre US$100 y US$121 por acción durante los próximos doce meses.
Ese mismo martes, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1025/2026, mediante la cual aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Rincón de Aranda, en Neuquén.
La iniciativa contempla una inversión de US$4.521 millones para desarrollar un yacimiento no convencional mediante la perforación de 259 pozos horizontales, además de la construcción de plantas de procesamiento, ductos e infraestructura asociada.
Según informó el Ministerio de Economía, el proyecto generará alrededor de 800 empleos directos, 1.000 indirectos y exportaciones estimadas en US$17.000 millones durante sus 30 años de vida útil.
Ese escenario de expansión financiera contrasta con la realidad que atraviesa la planta de caucho sintético de Puerto General San Martín.
Allí, Pampa Energía anunció el cierre de la producción de la única planta de caucho sintético del país e inició un proceso de retiros voluntarios que el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) considera compulsivos.
“Hoy anuncian el cierre de la única planta de caucho del país”, afirmó el secretario general del gremio, Mauricio Brizuela, quien denunció que los retiros “no son voluntarios” y confirmó que el sindicato se encuentra en estado de alerta y movilización. El conflicto será tratado esta semana en una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo.
Los anuncios muestran dos decisiones empresariales tomadas prácticamente en simultáneo. Por un lado, Pampa Energía destina miles de millones de dólares al desarrollo de nuevos negocios vinculados al petróleo, el gas y los fertilizantes. Por el otro, deja de producir caucho sintético en la única planta existente en el país y abre un conflicto laboral con sus trabajadores.
No existe, hasta el momento, una explicación oficial que vincule ambas decisiones. La empresa tampoco afirmó que el cierre de la planta de caucho tenga como finalidad financiar los nuevos proyectos.
Sin embargo, la coincidencia temporal permite observar una estrategia de reasignación de inversiones: mientras algunos negocios reciben desembolsos récord y concentran las expectativas de crecimiento de la compañía, otros dejan de formar parte de sus prioridades.