El Gobierno desreguló el practicaje y la baquía de la marina mercante y el sector anticipa un conflicto gremial y judicial

El Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio, reemplazó un reglamento vigente desde 1991 y amplió las excepciones para contratar prácticos y baqueanos. Mientras el Ejecutivo sostiene que la medida busca bajar los costos de la navegación, asociaciones del sector como la de Capitanes y Baqueanos Fluviales anunciaron acciones judiciales y advirtieron sobre riesgos para el empleo y la seguridad de la navegación.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó el 31 de julio, mediante el Decreto 690/2026, una reforma integral del régimen de practicaje, pilotaje y baquía para los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina. La norma, firmada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, derogó el Decreto 2694/91 —que había regido la actividad durante más de tres décadas— y modificó disposiciones de los decretos 817/92 y 572/94.

Por su parte, los prácticos de buques anunciaron un lock-out patronal y paro de actividades a partir de las 00:00 horas de este sábado 1° de agosto, en respuesta directa a la publicación del decreto. La medida impedirá el ingreso y egreso de buques de ultramar en los puertos de todo el país, con un impacto directo sobre el flujo de las terminales agroexportadoras del Gran Rosario y del río Paraná.

Qué cambia con la nueva normativa

Según el texto oficial, la reforma se enmarca en los lineamientos de la Ley de Bases N° 27.742 y busca ampliar la cantidad de prestadores del servicio, morigerar la obligatoriedad de contratación y modificar el esquema de tarifas y titulación. Entre los puntos centrales, el nuevo reglamento eleva los límites de eslora y calado que eximen a un buque de utilizar práctico, habilita la contratación directa de profesionales entre armadores y operadores, y traslada la titulación y habilitación de baqueanos a la órbita de la Prefectura Naval Argentina.

El decreto también prevé que, en situaciones excepcionales de crisis del sistema, paro o fuerza mayor, la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan prestar directamente los servicios de practicaje, pilotaje y baquía, y habilitar de forma temporaria a otros capitanes con conocimiento de zona para garantizar la continuidad de la navegación.

La postura del Gobierno

Desde el oficialismo, Sturzenegger defendió la medida al sostener que apunta a eliminar lo que calificó como “kioscos” en el servicio de practicaje, y afirmó que los costos de esa actividad en la Argentina se ubican entre los más altos a nivel internacional. Según su planteo, la reforma apunta a reducir un componente del denominado “costo argentino” y a mejorar la competitividad del comercio exterior.

El rechazo del sector

La medida generó un rechazo inmediato entre distintos actores de la actividad marítima y fluvial. El exsubsecretario de Puertos y Vías Navegables, Juan Cruz Lucero, cuestionó el decreto al considerar que implica la desregulación de un sector estratégico.

En ese marco, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante —entidad con personería gremial creada en 1893— emitió un comunicado dirigido a sus afiliados en el que calificó al decreto de “abusivo e inconstitucional” y anunció que estudia junto a su equipo legal una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo para frenarlo. La entidad remarcó que el baqueano fluvial no es solo un asesor técnico de ruta y maniobra, sino “un delegado de la autoridad marítima garante de la seguridad de la navegación y resguardo de la defensa nacional”, y advirtió sobre el riesgo de una “pérdida masiva de puestos de trabajo” para los profesionales argentinos por la posibilidad de exceptuar a los buques de contratar baqueanos de la región.

La asociación informó además que mantiene reuniones de coordinación con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos para definir una estrategia conjunta, y que solicitó un encuentro con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y con autoridades de la Prefectura Naval Argentina para discutir los alcances de la nueva regulación.

Por su parte, los prácticos de la actividad resolvieron un lock-out a partir de este sábado, en respuesta directa a la publicación del decreto, lo que anticipa una eventual paralización del ingreso de buques a los puertos.

Un sector en tensión

Con la nueva reglamentación ya vigente desde el 1° de agosto, el conflicto entre el Gobierno y los gremios del sector marítimo y fluvial se perfila como uno de los frentes a seguir en las próximas semanas, tanto en el plano judicial —con las acciones legales que analizan presentar las entidades profesionales— como en el gremial, en momentos en que el Ejecutivo avanza con su agenda de desregulación de distintas actividades económicas.