
La ciudad de San Lorenzo dio un paso clave para completar su estructura judicial federal. El Gobierno nacional remitió al Senado el pliego de Emiliano Pedro Méndez Ortiz para ocupar el cargo de juez federal con funciones de Garantías, una designación que, de ser aprobada por la Cámara Alta, convertirá al funcionario en el primer magistrado federal con asiento permanente en la ciudad.
La postulación forma parte del proceso de implementación del nuevo sistema acusatorio federal y representa un avance en un reclamo que durante años impulsaron el Foro de Abogados de San Lorenzo, el Colegio de Abogados y distintas autoridades locales, que planteaban la necesidad de descentralizar la Justicia Federal en una región estratégica por su actividad portuaria, industrial y comercial.
Méndez Ortiz se desempeña actualmente como subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación y desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito de la Justicia Federal. Su nombre integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo en San Lorenzo y finalmente fue elegido por el Poder Ejecutivo para su designación.
Ahora deberá atravesar el procedimiento constitucional de designación: primero será analizado por la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se realizará una audiencia pública, y posteriormente el pliego deberá obtener el aval de la Cámara Alta para que el Ejecutivo formalice su nombramiento.
La creación de este cargo responde a la implementación del Código Procesal Penal Federal, que modificó la forma en que se investigan y juzgan los delitos federales en Argentina.
A diferencia del sistema anterior, el juez de garantías no dirige las investigaciones. Esa tarea queda en manos de los fiscales. Su función es controlar que todo el proceso se desarrolle dentro del marco legal y con respeto a las garantías constitucionales de las partes.
Entre sus principales atribuciones se encuentran autorizar allanamientos, intervenciones telefónicas, detenciones, prisiones preventivas y otras medidas de investigación solicitadas por la Fiscalía, además de resolver los planteos que formulen las partes durante el proceso.
Este esquema busca agilizar las investigaciones penales y delimitar claramente las funciones entre quienes investigan, quienes controlan la legalidad del proceso y quienes finalmente juzgan.
La eventual designación permitirá completar la estructura federal prevista para San Lorenzo. En la ciudad ya funcionan la Fiscalía Federal, encabezada por Claudio Kishimoto, y la Defensoría Pública Oficial.
Con la incorporación del juez federal de Garantías, las causas por delitos de competencia federal podrán tramitarse íntegramente en San Lorenzo, evitando que muchas actuaciones deban derivarse a Rosario y fortaleciendo la respuesta judicial en una de las regiones más sensibles del país en materia de narcotráfico, contrabando, delitos económicos y criminalidad organizada.
La puesta en funcionamiento del juzgado también representa un paso importante para acercar la Justicia Federal al Cordón Industrial, donde se concentra la mayor actividad agroexportadora del país y una parte significativa de las investigaciones vinculadas al crimen organizado y al comercio exterior.