Un proyecto de ley busca frenar la entrega a privados de las cuatro fábricas militares del Estado

Fabricaciones Militares S.A.U. vuelve a estar en el centro de la escena. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone suspender el Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001, el proceso mediante el cual la empresa estatal buscaba asociarse con “operadores estratégicos” privados para la explotación de sus cuatro plantas industriales: la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul, la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, la Fábrica Militar Río Tercero y la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María. La iniciativa lleva la firma de los diputados Agustín Rossi y Germán Martínez.

El texto declara de interés público nacional la preservación, bajo control efectivo del Estado, de la capacidad de investigación, desarrollo, producción y comercialización de material bélico radicada en esos cuatro establecimientos. A partir de allí, dispone:

La suspensión inmediata del concurso CPU-2026-SC-001 en todas sus etapas —recepción de ofertas, evaluación, adjudicación y firma de contratos de unión transitoria—.
-La prohibición al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Defensa, a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y a Fabricaciones Militares de celebrar cualquier acto jurídico que transfiera a privados la conducción, gestión u operación de las plantas, sin una ley especial previa del Congreso que lo autorice.
-Una auditoría integral de la Auditoría General de la Nación sobre el procedimiento suspendido y sobre la evolución productiva y patrimonial de la empresa entre 2023 y la sanción de la ley.
-Garantías laborales para los trabajadores de la empresa, con intervención obligatoria de los sindicatos ante cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
-Un mandato al Poder Ejecutivo para presentar, en 180 días, un plan de fortalecimiento de las cuatro fábricas, elaborado junto al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, los gremios y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El llamado, publicado el 1° de julio de 2026, proponía contratos de Unión Transitoria de hasta 35 años con un operador privado que tendría una participación mínima del 51% sin techo, mayoría en el comité ejecutivo, gestión exclusiva de las operaciones y una cláusula de no competencia que obligaría al Estado a no fabricar por sí mismo los mismos productos durante la vigencia del contrato. Los fundamentos del proyecto sostienen que, aunque el instrumento no transfiere la titularidad de los inmuebles, sí transfiere el control efectivo del negocio: la conducción, la comercialización y la mayor parte de la utilidad.

El texto también señala que el llamado se produjo en un contexto de deterioro productivo de las plantas —la fábrica de Azul está paralizada desde 2024, Villa María operaba a media capacidad y Fray Luis Beltrán enfrenta dificultades para retener personal técnico—, un cuadro frente al cual la Asociación de Trabajadores del Estado inició en septiembre de 2026 un plan de lucha federal en las cuatro plantas.

La protesta en las plantas: el caso de Fray Luis Beltrán

El proyecto no llega en el vacío: se inscribe en un clima de conflicto que ya viene desarrollándose en las cuatro fábricas. En Santa Fe, la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán” fue escenario este lunes de una asamblea de ATE en el histórico playón de la planta, en el marco de una jornada federal de lucha que continuó el martes en Villa María y Río Tercero, y que prevé cerrar el miércoles —Día de la Industria— con un acto frente a la sede central de Fabricaciones Militares en Buenos Aires.

El delegado gremial Fernando Peyrano cuestionó los pliegos del concurso público y advirtió que, tal como está planteado, el proceso “va derecho a la entrega” de las capacidades productivas de la empresa estatal. ATE anticipó que presentará un amparo y un recurso para pedir la anulación del concurso, en articulación con legisladores provinciales y nacionales.

Los antecedentes legislativos que invoca el proyecto

Los fundamentos recuerdan que el Congreso ya se pronunció dos veces sobre la privatización de estas mismas cuatro fábricas: en 1990 el Decreto 1.398 las declaró sujetas a privatización con aprobación del Congreso (Ley 24.045), pero en 2015 la Ley 27.141 derogó expresamente esa declaración. Más recientemente, cuando en 2024 se debatió la Ley 27.742 (“Ley Bases”), Fabricaciones Militares fue retirada del anexo de empresas sujetas a privatización. El proyecto sostiene que avanzar ahora por vía administrativa con el mismo objetivo constituiría una forma de eludir esas dos decisiones del Poder Legislativo.

El proyecto deberá ser tratado por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. Sus autores plantean que la discusión de fondo —si Fabricaciones Militares necesita inversión, tecnología o socios— debe darse en el Congreso y no resolverse por la vía de un concurso administrativo, y dejan abierta la posibilidad de que cualquier esquema de asociación se someta en el futuro a una ley especial.