
La Justicia Federal de Paraná dio a conocer los motivos por los que condenó a Leonardo Airaldi, conocido como el Gaucho narco”, un productor rural de 44 años, a 12 años de prisión por organizar y financiar una red de narcotráfico. Según el tribunal, Airaldi no solo participaba: era quien manejaba la organización, daba las órdenes y ponía su dinero y sus bienes al servicio del negocio ilegal.
El Tribunal Oral Federal de Paraná dio a conocer los fundamentos —es decir, las razones detalladas— detrás de la condena a 12 años de prisión que recibió el productor rural Leonardo Airaldi por narcotráfico. El documento tiene 302 páginas y explica, punto por punto, qué pruebas llevaron a los jueces a considerarlo el líder de la organización.
Los jueces explicaron que quedó “sobradamente acreditado” que Airaldi tenía un rol “dirigencial y jerárquico”: daba las órdenes, organizaba las tareas de cada integrante y financiaba toda la operación con sus propios recursos. Según el fallo, ponía a disposición del grupo sus campos, empresas, vehículos, embarcaciones y hasta combustible para avionetas.
El peso de las escuchas telefónicas
Uno de los fundamentos más importantes tiene que ver con la prueba digital. El tribunal remarcó que las comunicaciones telefónicas fueron “elocuentemente demostrativas” del poder que Airaldi tenía sobre el resto del grupo. Ahí se descubrió que usaban un lenguaje en código para esconder referencias a la droga: la llamaban “carne”, “novillo” o “cordero”; a las avionetas les decían “pájaro”; y a los pilotos, “veterinarios”.
Los jueces destacaron además que esas comunicaciones muestran que Airaldi siguió dando órdenes incluso después de estar detenido, desde 2022.
Por qué incluyeron el hecho de Puerto Gaboto
Un fundamento clave para entender el alcance de la organización es cómo los jueces conectaron dos causas judiciales distintas. Además de lo investigado en Entre Ríos, el tribunal tuvo por probado que el secuestro de casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, ocurrido en agosto de 2022, formaba parte de la misma estructura narcocriminal que Airaldi dirigía.
Según los propios fundamentos del fallo, esto permitió probar “más allá de toda duda razonable” que la organización tenía un despliegue territorial que iba más allá de Entre Ríos, proyectándose sobre la hidrovía Paraguay-Paraná hacia Puerto Gaboto, San Jerónimo y Rosario.
El tribunal también fundamentó su decisión en la existencia de una pista de aterrizaje clandestina en un campo de Airaldi. La defensa había dicho que esa pista en realidad estaba en otro lugar, habilitado para volar. Pero los jueces fueron categóricos: dieron por probado que la pista clandestina sí existía en el campo de Airaldi, basándose en informes técnicos, tareas de vigilancia y las propias comunicaciones telefónicas.
Los jueces destacaron que las escuchas telefónicas fueron clave para probar todo esto. En esas conversaciones, los integrantes de la banda usaban palabras en código para hablar de la droga sin nombrarla directamente: le decían “carne”, “novillo” o “cordero” a la cocaína, “pájaro” a las avionetas que la trasladaban, y “veterinarios” a los pilotos.
Los abogados de Airaldi habían dicho que la investigación estuvo “direccionada” en su contra por ser una persona conocida públicamente. El tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que las pruebas reunidas —comunicaciones, testimonios y tareas de vigilancia— no dejaban lugar a dudas sobre su responsabilidad.
Además de Airaldi, otras seis personas fueron condenadas por vender droga en el marco de la misma organización, con penas de entre 3 años (en suspenso) y casi 7 años de prisión. Dos personas fueron absueltas.
Actualmente está detenido en una cárcel de máxima seguridad en Ezeiza, bajo un régimen especial para presos de alto riesgo, ya que también está siendo investigado por su presunta participación en un plan para atentar contra un juez federal, un fiscal y un exjefe de la Policía Federal.