Detuvieron a uno de los dueños de MotorSport por presuntas estafas que también afectan a familias del Cordón Industrial

Juan Gabriel Alegre fue arrestado en Rosario por orden del fiscal Iván Enríquez. La causa reúne unas 80 denuncias y tiene entre los damnificados a vecinos de San Lorenzo y Puerto General San Martín.

La investigación por presuntas estafas en la agencia Rosario MotorSport avanzó con la detención de Juan Gabriel Alegre, uno de sus socios y administradores. El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones en avenida Pellegrini al 800, en Rosario, por orden del fiscal Iván Enríquez, de la Unidad de Investigaciones Estratégicas. Alegre quedó detenido a la espera de una audiencia imputativa.

El caso también alcanza al Cordón Industrial, el estudio jurídico Arroyo Barbarach, que representa a parte de los denunciantes, informó que entre los afectados hay familias de San Lorenzo y Puerto General San Martín, además de vecinos de Serodino. Los reclamos incluyen personas que entregaron dinero, vehículos o ambas cosas y aseguran que la agencia no cumplió con las operaciones acordadas.

La causa penal acumula alrededor de 80 denuncias. Mientras tanto, Eduardo Atilio Escarcelo, otro socio fundador de la firma, fue declarado en rebeldía y tiene pedido de captura. También fue declarada en rebeldía Noelia Inés Escarcelo, quien figura en el estatuto como administradora y representante suplente.

Los testimonios describen dos modalidades principales. Algunos compradores entregaron su auto usado y una suma de dinero para adquirir un cero kilómetro, con plazos prometidos de entre 30 y 40 días, pero las unidades no llegaron. Otros dejaron sus vehículos en consignación para que la agencia los vendiera y denunciaron que no recibieron el dinero de esas operaciones.

El abogado Juan Manuel Fascia, representante de varios perjudicados, que a algunos propietarios les comunicaban que su automóvil ya había sido vendido y les pedían firmar el formulario 08 para concretar la transferencia. Según su relato, les prometían pagar ese mismo día, pero luego comenzaban las postergaciones.

Por otro lado, el abogado Rodrigo Mazzucchini indicó que su grupo presentó 12 denuncias y estimó que el número total de personas perjudicadas podría superar el centenar. En cuanto al daño económico, evitó precisar una cifra, aunque sostuvo que se trata de montos millonarios en pesos y dólares. Esa estimación de afectados es distinta de la cantidad de denuncias que reúne la causa penal.

El abogado también cuestionó que la empresa continuara recibiendo vehículos mientras se presentaba ante la Justicia Civil y Comercial por cesación de pagos. Según las cifras que mencionó en la entrevista, la firma tenía unos 30 millones de pesos en activos frente a 2.000 millones de pasivo. Para el letrado, esa diferencia respaldaría la sospecha de que se asumieron compromisos que no podían cumplirse. Se trata de su interpretación como representante de los denunciantes; las responsabilidades deberán establecerse en la investigación.

Las denuncias motivaron un allanamiento a fines de agosto en el local de avenida San Martín al 2600. Allí se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación comercial, y se realizó un inventario de los vehículos que permanecían en la agencia. Ese procedimiento terminó sin detenidos.

En paralelo, la empresa había solicitado la apertura de un concurso preventivo de acreedores. El juez Mauro Raúl Bonato, del Juzgado Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario, rechazó el pedido por inconsistencias y falta de información suficiente sobre su situación patrimonial. Esa decisión no implicó una declaración de quiebra ni una resolución sobre las presuntas estafas, que se investigan en el ámbito penal.

Aunque los abogados de los clientes habían mencionado más de cien posibles afectados, esa estimación es distinta del número de denuncias penales. La investigación deberá establecer qué ocurrió con los vehículos y el dinero entregados, y determinar las responsabilidades en cada operación.