Juego clandestino en Santa Fe: imputaron a cinco personas por presunta asociación ilícita

Entre los acusados hay un exdiputado provincial, tres abogados y un empresario expiloto de Fórmula 1. Según la Fiscalía, la organización contaba con protección política y judicial, incluso después de las detenciones. La audiencia imputativa concluyó el miércoles 14 de octubre en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina, de la Unidad de Corrupción Funcional y Violencia Institucional, les atribuyeron a cinco personas el delito de asociación ilícita en calidad de miembros: el exdiputado Marcelo Scataglini (61), José Francisco Fernández Chemes (46), Oscar “Popi” Larrauri (72), Fernando Moschini (52) y Aníbal Porri (52). A Porri se le suma el cohecho activo como coautor. A Moschini, el peculado de caudales públicos como partícipe necesario.

Los jueces Verón, Negroni y Álvarez declararon formalizada la audiencia. No hicieron lugar a las medidas cautelares no privativas de la libertad que había pedido el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los imputados deberán mantener actualizados sus domicilios reales y legales.

La hipótesis de la Fiscalía: Según el MPA, la organización se dedicó a cubrir el juego clandestino en la provincia y a ocultar sus ganancias, y aseguró protección política y judicial a sus miembros. Los fiscales sostienen que logró infiltrar el MPA de Rosario y que esa protección continuó incluso después de las detenciones.

Describen un grupo estable, con roles definidos, que buscaba un doble objetivo: usufructuar el dinero de una red de casas de juego ilegales y obtener la concesión del juego online en Santa Fe mediante el sistema VLT (terminales virtuales de lotería). Esas gestiones nunca avanzaron, pero el flujo de dinero del juego clandestino se habría mantenido.

Los roles atribuidos: Scataglini habría integrado el brazo político. Según la Fiscalía, canalizaba estos temas dentro de la Cámara de Diputados, tenía contacto directo con Leonardo Peiti y con Fernández Chemes, y aportó contactos y conocimiento por su trayectoria de más de diez años en la Legislatura. Fernández Chemes y Larrauri habrían actuado como prestanombres, en maniobras de interposición de personas y simulación patrimonial.

Su objetivo habría sido ocultar la verdadera titularidad de sociedades que explotaban juegos de azar de manera legal y que también servían al negocio ilícito. Porri habría cumplido funciones de información, operativas y de logística: reunía información del MPA, acompañaba a Peiti a entregar dinero a funcionarios y habría indicado a otros integrantes que destruyeran sus celulares ante el avance de la investigación. Además, se le atribuye haber ofrecido y entregado dinero en efectivo, el 9 de julio de 2020, al entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad (ya condenado).

Moschini habría intervenido para controlar y direccionar las estrategias de defensa de Peiti, sin estar designado como abogado defensor de algunos de los involucrados, y para entorpecer la investigación sobre otros posibles actores. Por separado, se le atribuye una colaboración clave para que fondos públicos que debía administrar tuvieran un destino distinto al previsto.

El contexto de la causa: La investigación se originó en la pesquisa sobre la red de juego ilegal del empresario Leonardo Peiti, condenado. De allí derivó la causa por el cobro de coimas en el MPA, que terminó con la condena de Ponce Asahad y, el 7 de noviembre de 2025, con la del ex fiscal regional Patricio Serjal a nueve años de prisión como organizador de una asociación ilícita. Esa sentencia está en revisión. Larrauri y Fernández Chemes ya habían sido citados en 2021 a una audiencia por presunto lavado de dinero del juego clandestino, en la causa de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

La actual imputación, a cargo de Fabbro y Caterina, se enmarca en la misma trama que la Fiscalía vincula con el senador Armando Traferri, a quien los acusadores señalaron como jefe de la asociación y que también enfrenta un proceso.