Condenado por abusar de su hija, Fernandes seguirá con prisión domiciliaria y salidas laborales

El juez Romanini rechazó el pedido de la Fiscalía para que cumpla los ocho años de condena en una cárcel. Dispuso colocarle una tobillera electrónica. La familia de la víctima cuestionó argumentos de la defensa sobre la salud de uno de sus hijos y el pago de alimentos.

Emanuel Fernandes, condenado a ocho años de prisión en 2023 por abusar sexualmente de su hija, continuará cumpliendo la pena en su domicilio y podrá mantener sus salidas laborales. Así lo resolvió el juez Romanini durante la audiencia realizada este martes 20 de octubre en los tribunales de San Lorenzo, en la que rechazó el pedido del fiscal Juan Carlos Ledesma para que fuera trasladado a un establecimiento penitenciario.

El magistrado consideró que la Fiscalía no acreditó suficientemente cómo serían atendidas las necesidades de Fernandes, quien tiene hipoacusia bilateral congénita y no sabe leer ni escribir. Sin embargo, ordenó reforzar el control de la prisión domiciliaria mediante una tobillera electrónica y un cronograma preciso de las salidas para trabajar, incluidos los tiempos de traslado.

Fuera de esas franjas deberá permanecer en su vivienda. Cualquier cambio requerirá autorización judicial previa. También se mantuvieron las prohibiciones de contacto y acercamiento destinadas a proteger a la víctima.

El fiscal Ledesma fundamentó su solicitud en que la condena está firme y en la información reunida sobre el desenvolvimiento cotidiano de Fernandes. Señaló que trabaja desde hace años, tiene licencia de conducir y se comunica con su empleador mediante señas caseras.

“No necesita un traductor, un intérprete de lengua de señas matriculado, las 24 horas del día”, sostuvo el fiscal en declaraciones a este medio.

También indicó que el Servicio Penitenciario había informado que estaba en condiciones de recibirlo. Para Ledesma, esos elementos permitían disponer el traslado y garantizar el acceso al tratamiento penitenciario.

Tras conocer la decisión, cuestionó que el juez no hubiera solicitado información adicional si consideraba insuficientes los informes presentados. Además, adelantó que evaluaba apelar, aunque todavía debía terminar de estudiar los fundamentos de la resolución.

Los argumentos para mantener la domiciliaria

La defensa sostuvo que la posibilidad de trabajar y comunicarse dentro de un entorno conocido no garantizaba que Fernandes pudiera comprender las reglas y desenvolverse en una cárcel.

Los abogados Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo señalaron que debía precisarse cómo se comunicaría con el personal penitenciario, los profesionales de salud, sus abogados y su familia. También cuestionó que los informes no detallaran los apoyos y las adaptaciones necesarias para alojarlo.

También argumentó que el Estado debía garantizar los “ajustes razonables”, es decir, los apoyos y las adaptaciones necesarios para que pudiera cumplir la pena sin sufrir un trato discriminatorio por su discapacidad. Según planteó, los informes presentados por la Fiscalía no explicaban cómo se implementarían esas medidas.

Los defensores cuestionaron cómo comprendería las indicaciones del personal penitenciario, las prohibiciones y las pautas de convivencia, y de qué manera podría comunicarse con los profesionales de salud, sus abogados y su familia. Advirtieron que esas dificultades podían exponerlo a situaciones de violencia, malos tratos y aislamiento.

Además, sostuvieron que el cumplimiento de la condena debía respetar su dignidad y ofrecer posibilidades concretas de reinserción social. En ese sentido, cuestionaron qué tratamiento recibiría dentro de una cárcel y advirtieron que un encierro sin los apoyos adecuados podía derivar en condiciones crueles, inhumanas o degradantes.

La defensa pidió mantener la prisión domiciliaria y las salidas laborales. Remarcó que no se habían señalado incumplimientos y que perder el trabajo afectaría su medio de subsistencia. También formuló un pedido subsidiario de libertad condicional y solicitó que se analizaran sus condiciones particulares de vulnerabilidad.

Declaración del empleador y capacidad para trabajar

Durante el intercambio se retomó la declaración de Guido Nanni, empleador de Fernandes en una fábrica de paletas de pádel de Ricardone.

Según lo expuesto, Nanni lo había contratado por recomendación. Al principio, Fernandes tenía dificultades para realizar las tareas, pero aprendió mediante la observación. Su trabajo consistía en tareas manuales de pegado: le mostraban lo que debía hacer y él podía repetirlo.

El empleador incluso había señalado que su capacidad productiva era superior a la de otros trabajadores.

Pedido subsidiario de libertad condicional

La defensa formuló, de manera subsidiaria, un pedido de libertad condicional. Señaló que Fernandes se encontraba bajo prisión domiciliaria desde 2020 y que restan dos años para cumplirse la condena total a ocho años.

Recordó que había sido condenado a ocho años de prisión y planteó el cómputo de los dos tercios de la pena. Según expresó, Fernandes llevaba más de cinco años privado de la libertad.

La defensa reconoció que existía un impedimento vinculado con el delito de abuso sexual por el que había sido condenado.

En ese marco, sostuvo que los hechos habían ocurrido entre 2017 y 2019, sin una determinación precisa de las fechas. Señaló que la víctima era menor de edad y de corta edad al momento de los hechos y que, si bien algunas respuestas permitían aproximarse a determinados momentos, no existía certeza sobre las fechas.

El juez Romanini tomó como punto de partida la hipoacusia bilateral de origen congénito. Recordó que la Cámara había ponderado esa condición, sus capacidades intelectuales y las dificultades derivadas de no saber leer ni escribir.

Explicó que, para resolver, debía analizar las condiciones concretas de alojamiento, las necesidades básicas de Fernandes, el acceso a la atención de salud y los apoyos que tendría disponibles.