La Justicia federal ordenó el decomiso sin condena de una casa, una camioneta y participaciones en seis empresas de “Pillín” Bracamonte

El juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido de los fiscales en la causa por lavado de activos. Consideró acreditado el origen ilícito de los bienes y tuvo en cuenta que Bracamonte fue asesinado en 2024. La UIF respaldó la medida.

La Justicia federal de Rosario ordenó el decomiso sin condena de bienes que estaban a nombre de Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte, el histórico jefe de la barra de Rosario Central asesinado el 9 de noviembre de 2024. La decisión es del juez federal Carlos Vera Barros y se enmarca en la causa por lavado de activos que derivó en los allanamientos del 28 de septiembre en Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea y San Lorenzo, que Pregón publicó el 2 de octubre.

Según informó Cadena 3 Rosario, el magistrado sostuvo que el origen ilícito de los bienes estaba acreditado. También tuvo en cuenta que la muerte de Bracamonte impidió avanzar hacia una eventual condena penal.

Qué se decomisó. La resolución incluye:

• una camioneta Ford Ranger, dominio NMM269;
• un inmueble en Álvarez Thomas 1870, Rosario;
• las participaciones societarias de Bracamonte en ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, RUFFINO SAS, KABRASI SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.

En el caso de las empresas, el decomiso alcanza solo las participaciones que Bracamonte tenía en ellas. No abarca a las firmas en su totalidad. Una de ellas, ATE Servicios Integrales, es la empresa cuya nueva sede en San Lorenzo (Alemania 1181) fue allanada el 28 de septiembre y que hoy administra la última pareja de Bracamonte.

El decomiso fue solicitado por los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari. Después, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en el expediente para respaldar el pedido y reclamó que los bienes recuperados se destinen a financiar al organismo. El juzgado tuvo presente esa presentación, pero en la resolución no dispuso expresamente que los activos vayan a la UIF.

En su escrito, el organismo indicó que se investigan maniobras de lavado de dinero provenientes de actividades ilícitas. Las vinculó principalmente con extorsiones y coacciones a empresas contratistas de la construcción y con actividades desarrolladas desde la conducción de la barra de Central. Según la UIF, la pesquisa identificó un patrimonio de inmuebles, vehículos y participaciones societarias cuya adquisición y uso serían incompatibles con la capacidad económica que Bracamonte declaraba. También investigó el uso de familiares, allegados y sociedades como titulares registrales de bienes que, según la hipótesis de la causa, integraban su patrimonio real.

Para fundamentar la medida, Vera Barros invocó las normas que permiten el decomiso sin condena en determinadas circunstancias. La resolución consigna que se dio intervención a una defensora de menores en representación de los herederos menores de edad y que no se registraron peticiones de ellos.

 El juez también ordenó comunicar a la Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el secuestro de vehículos realizado durante los procedimientos de Gendarmería del 28 de septiembre, y ponerlos a su disposición.

Lo que sigue en investigación. Fuentes judiciales dijeron a Cadena 3 Rosario que esta decisión abarca “un universo reducido” de bienes, los que seguían a nombre de Bracamonte. Se investigan muchos otros que fueron registrados tras su muerte a nombre de terceros, como familiares y conocidos. Es la línea que los fiscales marcaron tras los allanamientos: que la estructura no se frenó con el crimen, sino que cambió quién la administra. Como ejemplos, señalaron que una Toyota Hilux se inscribió a nombre de su última pareja 16 días después del asesinato, y que ATE dejó su sede de Capitán Bermúdez a comienzos de 2025 y hoy funciona en San Lorenzo.

La investigación patrimonial empezó en 2020, cuando un allanamiento en el country terminó en una causa por lavado. En noviembre de 2023, Bracamonte y Carlos Vergara, extitular de la Uocra Rosario, fueron detenidos por asociación ilícita, acusados de extorsionar a constructoras del cordón industrial. Tras una disputa entre la justicia provincial y la federal, en diciembre de 2025 la Corte Suprema resolvió que el lavado corresponde a la federal. Casi dos años después del crimen de Bracamonte, sus autores materiales e intelectuales siguen sin ser identificados.