AR Zinc: la defensa apeló la orden de frenar el riesgo de derrumbe y contaminación en Fray Luis Beltrán y el caso llegó a la Cámara

La empresa recurrió la resolución del juez Eugenio Romanini que la intimó a estabilizar la barranca y presentar un plan de remediación. El fiscal Nicosia anticipó que citará a los dueños a una audiencia imputativa. 

Este viernes se realizó ante el juez de Cámara Javier Beltramone en los tribunales provinciales de Rosario la audiencia de apelación planteada por la defensa de AR Zinc S.A. contra la resolución que dictó el juez Eugenio Romanini el 26 de septiembre. La causa pasó a un cuarto intermedio, y el magistrado resolverá en los próximos días el pedido de la defensa.

El contenido de lo planteado por las partes no fue informado ante las consultas de este medio a las partes, hasta tanto no resuelva el juez Javier Beltramone.

La audiencia que llevó a la Fiscalía y a la Defensa del grupo empresario tiene relación con el pedido del Ministerio Público de la Acusación en septiembre, donde la Justicia de San Lorenzo ordenó en esa audiencia de septiembre el cese de estado antijurídico a AR Zinc S.A. por el peligro ambiental en las costas de Fray Luis Beltrán. La medida busca evitar un derrumbe de la barranca que volcaría cientos de miles de toneladas de pasivo tóxico al río Paraná.

El fiscal Maximiliano Nicosia fundamentó el pedido de medidas urgentes y participaron en esa audiencia, el fiscal de Estado, Domingo Rondina, con su equipo, y el secretario del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Gustavo Leonel, junto a asesores técnicos.

La Fiscalía planteó que el predio concentra un pasivo estimado en 800.000 toneladas de residuos altamente tóxicos, entre ellos jarosita, con el agravante del fenómeno El Niño previsto para los próximos meses. Recordó además que en 2022 el Juzgado Civil, en una causa iniciada en 2020, ya había ordenado apuntalar el sector costero y que esa orden nunca se cumplió. Pidió también el cerramiento efectivo del inmueble.

La Justicia intimó a AR Zinc a frenar el riesgo de colapso de barranca y contaminación en el río Paraná

El juez Romanini hizo lugar al planteo y fijó plazos de cumplimiento inmediato: Intimó a que en 10 días se informe la opción técnica elegida, ya sea remoción o tratamiento y contención de los residuos.

Además, en 15 días: la empresa debe presentar el proyecto técnico detallado, la nómina de profesionales y un cronograma de ejecución que no supere los 8 meses.

También ordenó informes quincenales de avance de obra, con seguimiento coordinado por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente de Santa Fe.

 Fiscal Nicosia: “El riesgo es inminente”

En Radioinforme3 (Cadena 3 Rosario), el fiscal confirmó que los directivos de la empresa serán convocados a una audiencia imputativa. Explicó que, por la situación de riesgo, se pidió con urgencia la audiencia de cese de estado antijurídico, “a los fines de empezar a poner un coto” a un escenario que calificó de “realmente alarmante”.

Recordó que el predio fabricaba lingotes de zinc y ácido electrolítico y que dejó de funcionar en 2016, sin contención, tratamiento ni remediación del suelo. Quedaron allí más de 800.000 toneladas de residuos tóxicos. “Se llama jarosita, es muy fuerte porque tiene plomo, arsénico, metales muy pesados, y eso está prácticamente a la intemperie”, describió.

El pedido principal, dijo, apunta a un depósito ubicado “muy pegado al río”, cerca de la barranca. Según las mediciones de la UTN de Buenos Aires, ese sector corre peligro de derrumbe. “Ya en 2024 se derrumbó parte de ese talud”, señaló, aunque sin que la jarosita llegara al Paraná. Y advirtió sobre lo que pasaría si cede: “Si eso cae,  y con las cantidades que se midieron, eso contamina todo el Paraná”.

Por su parte, el intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, dijo estar preocupado, igual que los vecinos, por el riesgo de derrumbe y de contaminación del agua. Planteó que las cavas en discusión son las que la empresa generó desde el comienzo de su actividad, en las décadas del 60 o 70, cuando no existían las normas ambientales actuales. “Estamos hablando de un período de 60 años”, sostuvo.

Recordó que mientras la empresa funcionaba daba trabajo directo a 400 personas, más el empleo indirecto, y que después se hicieron otros rellenos ya bajo normativa ambiental. A su juicio, las cavas originales nunca se actualizaron a esas normas y, al cerrar la planta en diciembre de 2016, quedaron abandonadas.

Sobre las responsabilidades, explicó que la titular sigue siendo Minera Aguilar S.A., que pasó del grupo Glencore al grupo Integra Capital, del empresario José Luis Manzano. “La responsabilidad cabe no solamente al titular actual, sino también a Integra Capital”, afirmó, y agregó que en materia ambiental hay responsabilidad solidaria y que una transferencia de propiedad no la exime. Señaló que ya existía una condena en un juicio civil y que ahora el fuero penal impone obligaciones que ya existían y analiza además la responsabilidad penal.

Sobre las obras, fue concreto: hace entre 15 y 20 días la empresa envió una nota al municipio diciendo que iniciaría las obras de contención de la barranca, pero esas obras “aún no han comenzado”.

Según pudo saber este medio, el juez Javier Beltramone resolverá en los próximos días lo planteado por la defensa, que buscará deslindar responsabilidades penales de directivos de la ex Ar Zinc.