
La iniciativa habilita a barcos y barcazas extranjeros a transportar cargas entre puertos argentinos. Mientras el sector agroexportador destaca una baja en los costos logísticos y menos camiones en las rutas de la región, empresas navieras y gremios advierten por el impacto en la flota nacional.
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó con 42 votos a favor y 24 en contra el proyecto de reforma de la Ley de Cabotaje, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La norma modifica un régimen vigente desde 1944 y abre la posibilidad de que embarcaciones de bandera extranjera operen en el traslado de mercaderías entre puertos argentinos, una medida con impacto directo en la operatoria fluvial y vial del Cordón Industrial.
Hasta ahora, el transporte interno por ríos y mares estaba reservado casi exclusivamente a buques de matrícula argentina, y las firmas extranjeras debían tramitar permisos especiales que podían demorar hasta 90 días. Con la nueva regulación, el trámite se reemplaza por un aviso previo ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Además, se autoriza a que un mismo convoy o buque combine en un solo viaje cargas internacionales con cargas locales.
El impacto en las terminales de la región
En el polo portuario que se extiende desde San Lorenzo y Puerto General San Martín hasta Timbúes —el principal nodo agroexportador del país—, el cambio normativo modifica la logística de abastecimiento de granos e insumos.
Actualmente, por la Hidrovía Paraná-Paraguay circulan cerca de 3.000 barcazas de bandera paraguaya frente a menos de una veintena de embarcaciones argentinas. Bajo el esquema anterior, los convoyes extranjeros que bajaban por el río Paraná desde Paraguay hacia las plantas aceiteras de la región tenían prohibido detenerse en puertos del norte argentino (como los de Chaco o Corrientes) para cargar producción local y descargarla en el Gran Rosario.
De convertirse en ley, esas embarcaciones podrán completar sus bodegas con granos argentinos en el trayecto y descargarlos directamente en las terminales del Cordón Industrial, además de agilizar el movimiento fluvial de fertilizantes y contenedores.
La medida generó reacciones divididas entre los distintos actores de la cadena productiva y portuaria:
El respaldo del sector agroexportador: Cámaras como CIARA-CEC y las Bolsas de Comercio apoyaron la iniciativa al señalar que permitirá reactivar el transporte fluvial desde las provincias del norte hacia las plantas procesadoras de la región. Según sostienen, esto reducirá los costos de flete, ayudará a abastecer la capacidad ociosa de las fábricas y descomprimirá gradualmente el tránsito pesado en las rutas de acceso al Cordón, como la Ruta Nacional 11, donde hoy más del 90% de la carga llega en camión.
La preocupación de navieros y gremios: Por el contrario, desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y los sindicatos marítimos manifestaron su rechazo. Argumentan que abrir el mercado sin reducir antes la carga impositiva y los costos operativos que enfrentan los barcos argentinos profundizará la pérdida de la flota nacional y consolidará el dominio de las navieras extranjeras en el río Paraná.
El proyecto oficial incluye una cláusula para que los armadores extranjeros incorporen tripulación argentina de forma gradual luego de 180 días de operación, junto con incentivos fiscales para las empresas locales. Por otro lado, actividades como la pesca, el transporte de combustibles líquidos y los servicios portuarios de remolque y amarre continuarán reservados exclusivamente para embarcaciones de bandera argentina.