Ante los sucesos ocurridos en el ámbito del municipio de Fray Luis Beltrán, que involucran a un importante dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram), la organización sindical manifiestó que «el exabrupto verbal inferido a la secretaria de Gobierno de esa Municipalidad, es absolutamente reprochable, como lo es también el marco de violencia institucional provocado por las autoridades de ese municipio».

Asimismo expresó Festram que sus disculpas institucionales «a la secretaria de Gobierno, Mariana Córdoba, e instamos a que dé cumplimiento al compromiso de denunciar ante el Inadi los hechos ocurridos, a los efectos de que este organismo adopte las medidas que considere pertinentes, y que a su vez, también investigue la violencia sufrida por las trabajadoras despedidas para así dilucidar el nivel de violencia de género a la que sistemáticamente fueron sometidas por las autoridades al provocar la pérdida de sus fuentes de trabajo y, por ende, a la vida digna de sus hijos».

De igual manera, exigió «que las autoridades municipales del Departamento Ejecutivo y del Concejo adopten la misma actitud de arrepentimiento y disculpas manifestadas por el dirigente sindical y procedan a expresar su solidaridad con los y las trabajadoras despedidas, abandonando el estado de ilegalidad que implica el atropello de derechos constitucionales elementales, disponiendo la inmediata reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidas».

Derecho de las mujeres

Asimismo Festram manifestó: «Todo lo expuesto está avalado por el firme compromiso de nuestra organización sindical en la lucha por los derechos de las mujeres y la transversalidad de las políticas de género en todas las acciones y conductas institucionales, colectivas e individuales».

Finalmente la entidad gremial expresó: «No somos ignorantes del aprovechamiento político de la patronal sobre las manifestaciones de un dirigente sindical, para desviar los ejes del conflicto que se mantiene en ese municipio por el despido injustificado de trabajadores y trabajadoras ignorando la estabilidad laboral que la ley garantiza».

Asimismo advirtieron desde la federación gremial que «de tratarse de una maniobra dilatoria para romper los canales de diálogo y acuerdos establecidos en busca de resolver una cuestión de derechos humanos fundamentales como son al trabajo, a la alimentación, a la educación y a la vida familiar, actuaremos hasta las últimas consecuencias que el Estado de Derecho admite».