El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, integrado por los jueces Mario Gambacorta, Eugenio Martínez Ferrero y Osvaldo Facciano, dio inicio el pasado lunes al debate oral y público que juzga la responsabilidad de 26 personas acusadas de conformar una organización dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes, la cual se encontraría liderada por Walter Rivero y su pareja.

De acuerdo a la investigación, la banda administraba más de veinte puntos de venta de estupefacientes en distintas localidades de Santa Fe, tales como Arroyo Seco, Chabás, Pérez, Capitán Bermúdez y San Lorenzo y también en la ciudad de Rosario. El juicio continuará en la audiencia fijada para el próximo 11 de noviembre, donde se esperan la declaración testimonial de integrantes de la fuerza policial que llevó adelante la investigación, y la reproducción de las principales escuchas telefónicas que dan cuenta de cómo funcionaba la banda.

Se tiene prevista la declaración de al menos 50 testigos, y que las audiencias culminen los últimos días de noviembre o primeros de diciembre. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal Federico Reynares Solari.

Los hechos llevados a juicio

La investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, tuvo su inicio en una denuncia anónima que daba cuenta de actividades de presuntas ventas de estupefacientes en la pequeña localidad de Chabás, distante a 60 km de Rosario. Iniciada la pesquisa y advertidos distintos puntos de ventas en la mencionada localidad, a través de la disposición de intervenciones telefónicas y tareas de campo pudo ascenderse y llegar a los eslabones superiores de la organización, que trabajaban desde la localidad de Pérez, y desde allí regenteaban distintos puntos de ventas de estupefacientes no sólo en Chabás, sino también en  Rosario y  otras ciudades aledañas como Capitán Bermúdez, Arroyo Seco y San Lorenzo.

Entre los principales acusados se encuentran Walter Rivero y su pareja Claudia Giustra, quienes llegan al debate imputados por la comisión del delito de organizador previsto en el art. 7 de la ley 23.737 y que tiene previsto un mínimo de doce años de prisión. Al resto de los imputados, entre los que se encuentra Carlos¨Betito¨ Godoy -condenado por el homicidio de Roberto “Pimpi” Caminos- les cabe la figura de tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas, que tiene prevista una pena de 6 a 20 años de prisión, a excepción de tres imputados que se los acusa de la figura de tenencia de estupefacientes con fines comercialización prevista en el art 5 inc. c de la ley 23737 y tiene prevista una pena que va de los 4 a los 15 años.

En el transcurso de los allanamientos llevados a cabo sobre 19 domicilios de las ciudades mencionadas se secuestraron aproximadamente 5,825 kilos de marihuana y 6,306 kilos de cocaína, además de profusa cantidad de elementos relacionados a la producción, distribución y venta de las sustancias ilícitas como balanzas de precisión, bolsas de polietileno, máquinas selladoras y una suma importante de dinero producto de la actividad ilícita llevada a cabo.

Según el Ministerio Público Fiscal es imprescindible la realización de investigaciones como las que se dieron en este caso, ya que permiten llegar desde pequeños puntos de venta a los eslabones superiores de las organizaciones criminales.