El abogado sanlorencino Gabriel Filippini deberá capacitarse en perspectiva de género y pagar una multa por reiterados incumplimientos a la orden judicial emitida luego de la denuncia que la abogada y concejala Luciana Resquín hiciera en su contra por hostigamiento y violencia de género. La gravedad del caso radica, además de la violencia de género, es que quien la ejerce ocupa un cargo como representante de los letrados sanlorencinos en el Colegio de Abogados. El fallo de Escola sienta un importante precedente para la resolución de casos en los que desde cargos de poder, hombres vulneran los derechos de las mujeres.

Días atrás, se hizo público el fallo de juez de Familia Marcelo Escola por la denuncia de hostigamiento, violencia de género y difamación que realizó a principios de abril la concejala Luciana Resquín contra el abogado Gabriel Filippini. El conflicto comenzó cuando el abogado, delegado en San Lorenzo del Colegio de Abogados denunció que luego de un viaje al exterior, Resquín no había cumplido con la cuarentena en el marco de las disposiciones sanitarias para la prevención del Covid-19. Filippini realizó la denuncia en una comisaría y además , una serie de posteos en Facebook donde atacaba a la edila por el supuesto incumplimiento de la cuarentena.  

Tras ello, Resquín se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de manera espontánea, y sin que existiera imputación alguna por su supuesta inconducta, presentando una copia de su pasaporte para dejar constancia de la fecha de su regreso de Estados Unidos y que el aislamiento había sido cumplido tal como lo marcaba el decreto presidencial en el marco de la pandemia por Covid-19.

Según relató la concejala a Pregón, se comunicó con Filippini, pidiéndole por favor que retirara esa publicación. “Como respuesta me dijo que no lo iba a hacer, y que iba a seguir hablando todo lo que a él le diera la gana, que no iba a parar hasta destruirme”. Y aseguró que el abogado actuó “desde la jerarquía de su cargo como delegado del Colegio de Abogados. Desde ese lugar de poder, se permite lanzar semejante escrache público”.

Luego de eso, los posteos en Facebook del abogado no se detuvieron, además adquirieron un tinte político y hasta cuestionó la vestimenta de las ediles en sus visitas a barrios de la ciudad. Claramente, en esta oportunidad, refleja su predicción por el ataque a mujeres, siendo que en dicha oportunidad  también estaban los concejales hombres, de los que no tuvo nada que decir. Justamente aquí se explicita la relación de poder donde se ubica, desde un lugar de desigualdad y superioridad, la cual no siente respecto de los concejales hombres.

Con todo esto, el fiscal Maximiliano Nicosia reunió una serie de elementos y desestimó la denuncia del abogado por atipicidad. Entendió que la concejala no había violado la cuarentena y con los fundamentos del caso se lo comunicó al denunciante, que no recurrió la resolución ni apeló en el tiempo procesal oportuno, por lo que la decisión del fiscal quedó firme.

Al mismo tiempo, Resquín, ante los incesantes ataques, decidió realizar una denuncia contra Filippini ante el juez de Familia Marcelo Escola, amparada por la ley provincial 13.348, que replica la ley nacional 26.485 conocida como  ley Micaela en Santa Fe, en honor al femicidio del cual fuere victima por parte de Sebastian Wagner. Esta ley además de establecer los derechos de las mujeres, obliga la capacitación en género y violencia contra las mujeres en los tres poderes del Estado.

De esta manera, el 16 de julio el juez le ordenó al abogado “abstenerse de realizar publicaciones y/o emitir opiniones públicas por cualquier medio, y cesar en cualquier acto de violencia, hostigamiento y persecución contra Resquín.

En la denuncia realizada al Juzgado de Familia, la concejala relató varias situaciones que atravesó durante el hostigamiento del abogado y afirmó que fue víctima de un “accionar violento, en forma reiterada y con ensañamiento”, y que Filippini utilizó “métodos mediáticos para socavarle la dignidad, causar daño emocional y disminución de la autoestima”. Aseguró que el abogado buscó “perjudicar y perturbar el pleno desarrollo personal, mediante acoso, hostigamiento, humillación, deshonra y descrédito publico, recurriendo a la red social Facebook como una modalidad del “escrache” público. Razones estas, por las que solicitó el cese de las conductas intimidantes.

Ante el repudio público, donde también se manifestaron los concejales de la ciudad y los cuestionamientos de colegas, muchos de los cuales le pidieron la renuncia a su cargo en el Colegio de Abogados, Filippini hizo otra publicación en Facebook. Pero mencionó otra vez a la concejala, y deslizó que la iba a denunciar

A pesar de la orden del juez, el 4 de agosto realizó una nueva publicación desde su teléfono en un grupo de WhatsApp del foro de San Lorenzo – donde participan 135 profesionales – publicando un detallado informe de la causa penal, que en ese momento ya estaba desestimada por el fiscal Nicosia.

Teniendo en cuenta que el abogado no cumplió la orden judicial de detener los comentarios y ataques, la concejal Luciana Resquin denuncio el incumplimiento a las medidas de restricción impuestas días atrás. El juez Escola se resolvió aplicar sanciones judiciales a fin de ponerle freno a la conducta de Filippini.

En cuatro puntos, Escola reiteró las restricciones dispuestas el 16 de julio, y ordenó realizar un severo llamado de atención a Filippini para que cese “de manera definitiva su actitud de hacer publicaciones y/o emitir opiniones públicas por cualquier medio,y cesar en cualquier acto de violencia, hostigamiento o persecución contra Resquín.

Pero además, le aplicó una multa a de 1 JUS ($4.434,84) a depositar en el plazo de cinco días de notificado del fallo, bajo apercibimiento de multa de 100 pesos diarios por cada día de atraso. También remitió copias del expediente al Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de la Rosario para que la entidad tome conocimiento, y  si correspondiera  aplique las medidas que entiendan adecuadas.

Asi las cosas, en la actualidad, Filippini se encuentra realizando el curso de capacitación en genero ordenado en el auto sancionatorio, habiéndose pedido una licencia, mientras el Directorio del Colegio de Abogados de la 2 da Circunscripción, evalúa la remoción del cargo de Delegado, ante la gravedad histórica que revisten los hechos acaecidos.

No obstante, debe destacarse, que desde la sanción de la LEY MICAELA, el Dr. Marcelo Escola ha sentado un precedente inédito, ya que es el primer caso en que se aplica esta ley, desde su sanción. Y justamente, pone al Juzgado de Familia de la ciudad de San Lorenzo en el centro de la escena Nacional.  Y lo destacable es que esta postura sea tomada por un Juez hombre.

Y por último debe mencionarse, que esta lucha, nació de un grupo de mujeres abogadas autoconvocadas, que indignadas, y solidarizándose con el sufrimiento, padecimiento de las colegas agredidas, se solidarizaron, generando un hecho histórico de repudio a todas estas conductas machistas derivadas de una cultura patriarcal que está muy lejos de cumplir con los paradigmas propuestos por los tratados internacionales de derechos humanos receptados por nuestra flamante legislación local.

La violencia de género, en todas sus aristas, es la nueva pandemia que afecta a nivel global.

Celebremos que existan jueces e instituciones dispuestas a terminar con semejante flagelo .

Ni una menos…

Ninguna victima mas…