Desde superpoblación de presos, hacinamiento y falta de condiciones humanas, fueron algunos de los planteos que la Defensa Pública de los detenidos señaló ante la justicia sanlorencina. Solicitan que haya mejoras en la Alcaidía, el traslado de internos y que se cumpla una resolución del ex Juez Filocco que inhabilitaba el alojamiento de presos en comisarías.

El Servicio Público de Defensa Provincial presentó un habeas corpus correctivo y colectivo  ante la justicia sanlorencina por la situación de hacinamiento y superpoblación de la Alcaidía de la URXVII y de las comisarías que dependen de esta unidad. 

El habeas corpus correctivo es un procedimiento jurídico que se solicita ante el incumplimiento de los artículos constitucionales que disponen  que «las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice». (Art 18 de la Constitución Nacional)

La Constitución Nacional reformada en 1994, en su artículo 43 otorga jerarquía constitucional a la acción de amparo y al habeas corpus, y es una acción (preventiva o reparatoria, no indemnizatoria), que procede frente a acciones u omisiones que agravien derechos y garantías reconocidos por la Constitución, los tratados y las leyes. 

En ese sentido, los Defensores del Servicio Público Provincial de Defensa Penal Franco Fosco y Marianela Pagliaretti plantearon ante la justicia sanlorencina el incumplimiento de una serie de medidas dispuestas para garantizar la calidad de vida de los detenidos. En el caso de la Alcaidía de la URXVII, se constató que existe un número superior de presos al límite dispuesto, como también personas alojadas en las comisarías.

Los defensores plantearon ante la jueza Griselda Strólogo que en una resolución dispuesta por el ex juez Eduardo Filocco del año 2017 en un habeas corpus presentado en ese momento, el magistrado instruyó al Jefe de la Unidad Regional XVII que el cupo de alojamiento en la Alcaldía Mayor no debía  exceder los 25 lugares y que queden inhabilitadas las comisarías para el alojamiento de detenidos. Si bien, el número va fluctuando, actualmente existen 29 personas alojadas en Alcaidía y seis detenidos en Comisaría 7° y Siete en las comisarías de Carcarañá y Fray Luis Beltrán y uno en Capitán Bermúdez. 

En una audiencia que se llevó a cabo el pasado 21 de abril, donde estuvieron de forma presencial el jefe de la URXVII, Luis Maldonado, el jefe de la Alcaidía Luciano Casterán y el  asesor letrado de la Jefatura de San Lorenzo Guillermo Blanco expresaron que desde el gobierno provincial recibieron una partida de 968 mil pesos  para refaccionar la comisaría 7°, y que se comenzó con la impermeabilización de techos, continuando con reparaciones eléctricas y de paredes lo que llevará un plazo de obra de dos meses.

Pero la situación de la Alcaidía continúa igual en mal estado edilicio y de condiciones en general; hay 29 internos y ninguna partida presupuestaria; pero desde la URXVII señalaron que intentan buscar una solución para reubicar a los detenidos. La jueza Griselda Strólogo solicitó que el Ministerio de Economía responda en que estado se encuentra la la partida presupuestaria para la Alcaidía.

Uno de los problemas es la superpoblación de las cárceles de la provincia como también las del ámbito nacional. En Santa Fe hay 1190 detenidos más que la capacidad permitida, por lo que la redistribución de cupos es muy complicada. Desde el Servicio Penitenciario de la provincia evalúan ampliar el cupo de internos de la URXVII, según informó María Cecilia Bullrich, funcionaria de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial, quien estuvo presente en la audiencia via zoom, como también su par desde el Servicio Penitenciario Federal.