La cobertura creció 20 puntos porcentuales en tres años pero la inseguridad alimentaria se mantiene con un piso alto, según un estudio de la UCA.

El aumento de la cobertura alimentaria pública para niños y adolescentes en los últimos tres años, que pasó de contemplar a poco menos del 40% a cerca de 60%, no alcanzó para disminuir de manera sensible la pobreza en ese sector de la población, que es el más vulnerable y que tiene, de acuerdo a un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) a 6 de cada 10 de ellos bajo la línea de pobreza, y una proporción alta en situación de inseguridad alimentaria: 4,2 millones comen menos que antes por efecto de la crisis económica.

Esas fueron algunas de las conclusiones a las que arribó un exhaustivo documento elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de esa institución, que midió cómo concluyó el 2022 en distintas métricas para medir la pobreza infantil: alimentación, subsistencia -es decir, carencias económicas-, salud, hábitat, crianza y socialización, información, educación y trabajo infantil.

En algunos de los indicadores sociales vertebrales que tomó en consideración el ODSA-UCA las cifras volvieron a los niveles que tenían antes de la pandemia (es decir, las del cierre de 2019) mientras que otras ofrecen una resistencia a la baja todavía mayor y se mantuvieron por encima de ese nivel. El número más crítico, en ese sentido, es el de la pobreza monetaria, el método de medición más tradicional.

De acuerdo a la UCA, el 2022 terminó con un 61,6% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina por debajo de la línea de la pobreza, es decir, sin tener el costo de la canasta básica cubierta. Eso implicaría que unos 8,2 millones se encuentra en esa situación. De ese total, 1,6 millones, incluso, viven en condiciones de indigencia, el 13,1% del total de la población de hasta 17 años.

La película más amplia muestra que entre 2020 y 2021, por la pandemia de coronavirus, hubo un marcado incremento en las dos métricas -pobreza e indigencia- y que en 2022 fue retomado el camino de mejora, aunque fue insuficiente para “recomponer” el efecto hacia arriba que había provocado la crisis sanitaria y las medidas de restricción a la movilidad. Como referencia, cuando terminó el 2019 la cantidad de niños y adolescentes pobres era de 59,5 por ciento. El pico de pobreza fue el 64,9% de 2021 y de indigencia, el 15,7% de 2020.

Una particularidad es que entre 2019 y 2022 creció casi diez puntos porcentuales (desde 40% a 49,8%) la cobertura del gasto público en asignaciones universales y otras transferencias no contributivas hacia la población de ese rango etario. Fue una medida de respuesta a la crisis social que sobrevino con el coronavirus y si bien pudo haber evitado un impacto mayor en un principio, no consiguió hasta 2022 hacer retornar la pobreza y la indigencia a los niveles prepandemia.

Al descomponer el dato general, se observa que el Conurbano bonaerense tiene cifras por encima de la media nacional. La pobreza infantil salta en esa región hasta 69,1%, mientras que el 16,3% (uno de cada seis) de los chicos que viven en el Conurbano son indigentes y no tienen cubierta la canasta alimentaria.

Otra medición desarrollada por la UCA fue el de la inseguridad alimentaria. El Observatorio de la Deuda Social define a la inseguridad alimentaria como el hecho de que en una familia se haya “reducido la dieta de alimentos en los últimos doce meses por problemas económicos”. En un cuadro más grave, la inseguridad alimentaria severa refleja qué cantidad de niños y adolescentes “han experimentado situaciones de ‘hambre’ por falta de alimentos en los últimos doce meses”.

De acuerdo al informe de ODSA-UCA, así, el 31,4% de la población de hasta 17 años sufría a fines de 2022 de inseguridad alimentaria, lo que implica que 4,2 millones de personas se alimentan menos que antes como consecuencia de la crisis económica. Y de ese total, unos 1,6 millones (12,3%) directamente sintieron hambre por la cantidad de privaciones alimentarias a las que se vieron sometidos por la situación económica.

Entre 2019 y 2022 creció casi veinte puntos porcentuales la cantidad de niños, niñas y adolescentes cubiertos por algún tipo de asistencia del Estado en términos alimentarios, lo que la UCA denomina “alimentación gratuita”. Hubo en ese lapso varios fenómenos: el principal fue la puesta en marcha de la tarjeta Alimentar, que se otorga a titulares de la Asignación Universal por Hijo, desde 2020. Y además, un efecto colateral de la pandemia y la crisis: muchas familias pasaron a sus hijos desde escuelas privadas a escuelas públicas (76,3% en 2019 hasta 83,5% en 2022), que tienen algún tipo de asistencia alimentaria. Esto se refleja más claramente en otros dato: mientras en 2020 el 33,2% de los hogares de sectores medios estaban alcanzados por asistencia de esta naturaleza, en 2022 eran nada menos que el 62,4 por ciento.

Como en el caso de la pobreza por ingresos, para la inseguridad alimentaria la situación es peor en el Conurbano bonaerense que en otros grandes centros metropolitanos del país: el 15% de los chicos que viven en esa región experimentó hambre en el último año.

“El balance es positivo en términos de un proceso de recuperación en relación con el deterioro experimentado en 2020 pero es claro que se registra un piso del 30% de la población infantil que carece de una alimentación suficiente y casi la mitad de esta experimenta privaciones graves”, manifestó la UCA y aseguró que la protección alimentaria aún resulta “insuficiente para erradicar el problema o incluso alcanzar niveles promedio similares a los de la década 2010/2019. Sin dudas, el balance general del período 2010- 2022, en materia de acceso a la alimentación es negativo”.

Otro coletazo de la crisis es el incremento en la cantidad de chicos y adolescentes que tienen que salir a trabajar. A contramano de otros indicadores, por las restricciones que acompañaron a la pandemia, el empleo infantil cayó de manera notable entre 2020 y 2021 a valores mínimos en la última década. Ya en 2022 retornó al nivel que tenía antes de la crisis sanitaria. Así, el 14,8% de los chicos de hasta 17 años se ven obligados a trabajar en actividades económicas (generalmente negocios familiares o relacionados a ellos) o a realizar tareas domésticas de manera intensiva para complementar el ingreso de sus familias en el contexto de alta inflación y de deterioro del poder de compra de los salarios.

“El trabajo económico en el mercado que en este caso se caracteriza por ser eminentemente urbano y como estrategia secundaria de sobrevivencia de los hogares, se estima que, en segundo semestre de 2022, alcanzó al 9,2 por ciento. Fue más elevada la incidencia en los adolescentes (19,7%), en el estrato trabajador marginal (10%), y en las áreas metropolitanas del interior del país y resto urbano interior (12,6% y 14,5%, respectivamente)”, mencionó la UCA. “El trabajo doméstico y económico alcanza al 33,5% en la adolescencia y 6,4% en la niñez. Es similar por sexo, aunque en el caso del doméstico es mayor entre las mujeres y el económico entre los varones”, concluyó el estudio.

El informe de ODSA-UCA analizó otros vectores para medir la pobreza y las carencias que tienen los chicos y los adolescentes, entre ellos el acceso a exámenes de salud y odontológicos, si realizan actividad física o tienen comportamientos sedentarios, si van a la escuela y si esa educación es de calidad, entre otros elementos.

“Hubo una situación regresiva en 2019 y 2020 y de a poco regresamos a indicadores pre pandemia en 2022, en algunos casos no llegamos a esa instancia, además con aumento de desigualdad social”, dijo Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. “Los niños quedaron invisibilizados en aspectos de su desarrollo en pandemia a pesar de no ser factor de riesgo”, continuó.

Consultada por Infobae sobre cuánto incide en los indicadores sociales el propio peso de la crisis económica y cuánto la efectividad de las políticas públicas, Tuñón aseguró que “hay cosas que son estructurales, como lo educativo. El incumplimiento de metas (de inversión) trasciende lo económico, no hay decisión política. Son acciones que no han sido de la magnitud necesaria”, apuntó.

“El sistema público tiene cada vez más desafios en educacion y salud, con sectores heterogéneos y diversos. Hay una mayor presión de los sectores medios en los servicios del Estado y eso va a empeorar las condiciones para los sectores pobres porque los sectores medios van a ganar espacio en detrimento de los sectores pobres”, prosiguió. Y por último, comentó que “no solo se necesitan de políticas alimentarias de mayor calidad. A las mujeres que trabajan en los comedores no se les paga, no tienen capacitación, las mujeres que cuidan niños tampoco”, completó.

(Con información de Infobae)