El proyecto de Ley de Humedales, que debía ser debatido en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, se suspendió hasta nuevo aviso. Se iba a discutir hoy jueves.

Los solicitaron los jefes de los bloques, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. La nota presentada señala que es necesario realizar audiencias “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”. En estos días hubo muchas presiones por parte de diferentes sectores, pero desde el oficialismo estaban convencidos de que tenían número suficiente para avanzar en un dictamen. Sin embargo, los gobernadores de las provincias mineras, oficialistas y opositores, dejaron saber sus cuestionamientos a esta norma. A partir de allí es que los presidentes de bloques como Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR) y  Cristian Ritondo (Pro), entre otro, le solicitaron a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau que arbitre los medios necesarios para fijar una nueva fecha de realización del plenario de comisiones.

Esta decisión coincide con el rechazo de las entidades rurales que emitieron horas antes de la suspensión un comunicado rechazando la ley

La Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro cuestionaron el proyecto que se debatirá mañana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. «Afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía», argumentaron.

«Queremos manifestar nuestra preocupación generalizada por el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales que no solo atenta contra nuestra actividad, sino también pone en riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país porque afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía», expresaron a través de un comunicado.

Según su visión, los productores agropecuarios defienden los recursos naturales, los cuidan porque son la «herencia de generaciones», son los que garantizan «la salud del suelo y del ambiente», y conocen «las tecnologías para regenerar, remediar o enriquecer».

Por tal cuestión, la dirigencia rural entiende que «atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos y las actividades que necesitan de la provisión de agua de riego sólo traerá a nuestro país un aumento de la pobreza y la indigencia«.

«La ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como incendios o inundaciones, no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de esta iniciativa», indicó el escrito y remarcaron la necesidad de que «se hagan cumplir las leyes que tenemos para proteger los recursos naturales, la población rural y la producción». 

También, este jueves a las 10 la Comunidad Islera Asociación Civil (Ciac), Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (Fadia) y hasta la Sociedad Rural de Rosario (SRR), entre otras entidades, adhieren y convocan a un corte del puente Rosario-Victoria.

“No queremos leyes nuevas, habrá más gasto público y mayor ineficiencia del Estado”, son las consignas de las convocatoria en la que se solicita “basta de fuego, ya. Nos quieren correr con el fuego”. En sus proclamas, Ciac traza una línea cronológica: 2008 con 125 quemas de campos e islas. Y luego entre 2020 y 2022 “aumentos de retenciones, expropiación de Vicentín (la agrofinaciera en convocatoria con un pasivo de 1.500 millones de dólares), quema de islas, rotura de silobolsas, pedido de ley de humedales”.