El anuncio fue hecho mediante un mensaje grabado que se difundió por redes sociales. “La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Sólo resuelve un problema que afecta a la salud pública”, dijo Fernández

En el mensaje, el presidente informó que enviaba al Congreso dos proyectos. El primero legaliza la IVE y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida de la mujer. El segundo instituye el Plan de los Mil Días, con el objetivo de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.

El proyecto de 21 artículos, que ahora deberá ser discutido en el Congreso, otorga el derecho para la interrupción del embarazo hasta la semana 14 (inclusive) de gestación y también regula la objeción de conciencia para el personal médico.

Otros puntos

Previo a la realización de la interrupción del embarazo, se requiere el consentimiento expreso por escrito.

Las mujeres acceden a los servicios del sistema de salud para interrumpir el embarazo en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento.

En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud debe contar con un consentimiento informado con la asistencia de al menos un progenitor o representante legal.

En los casos de adolescentes de entre 13 y 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica del aborto, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En esos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales.

Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la ley.

Pasadas las 14 semanas de gestación, la mujer tiene derecho a decidir y a acceder a la interrupción de su embarazo si este fue resultado de una violación o si estuviere en peligro la salud integral de la persona gestante.

La cobertura estará garantizada por los hospitales públicos, las obras sociales y la medicina prepaga, a lo largo de todo el proceso.

Será reprimido con entre tres y 10 años de prisión efectiva quien obrare sin consentimiento de la persona gestante. La pena se eleva hasta 15 años si muriese la embarazada en la intervención. Y con entre tres meses y un año quien practique un aborto con consentimiento de la persona gestante tras la semana 14, excepto en los casos autorizados por ley.

Además, el proyecto impulsa la implementación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, “con políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

“Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades”, expresó el presidente en un tuit publicado ayer por la tarde.