La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que declara a la educación como “servicio estratégico esencial” y, en consecuencia, obliga a los establecimientos educativos a permanecer abiertos, con una guardia mínima, cuando sus trabajadores realizan una medida de fuerza.

La iniciativa fue puesta a consideración de los diputados minutos antes de las 3 de la madrugada de este jueves, en el marco de una sesión cargada de interrupciones y tensiones, y obtuvo 131 votos positivos, 95 negativos y 2 abstenciones. Ahora el texto debe ser aprobado por el Senado para convertirse en ley.

Los gremios docentes, que denuncian que el proyecto limita el derecho a huelga, plantearon su rechazo y adelantaron que tomarán las medidas de acción necesarias para impedir que llegue a buen puerto.

En el dictamen de comisión, la iniciativa tuvo el acompañamiento del PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, La Coalición Cívica y el grueso de las bancadas federales.

El texto de la ley, que fue escrito por Alejandro Finocchiaro (PRO) con aportes de proyectos similares de otros legisladores, consta solo de cuatro artículos.

El primero establece a la educación como “servicio estratégico esencial” como lo es, por ejemplo, la salud. Ello implica que en caso de huelgas debe haber guardias mínimas con personal docente y no docente presente. Se trata, en definitiva, de un golpe a los paros extensos que suelen darse en los establecimientos educativos.

El proyecto plantea un esquema en el que cuanto más largo es el paro, mayor cantidad de personal debe haber en la institución. Establece, en ese sentido, que en los primeros dos días de paro, el 30% del personal del colegio deberá estar en su puesto garantizando las clases.

A partir del tercer día, ya sea continuo o discontinuo, deberá estar el 50% del “personal directivo, docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles”.

En este contexto, la huelga podrá hacerse, pero bajo esas condiciones y se computará como injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia. A principios de año, cada institución tiene que confirmar a la autoridad competente la nómina del personal completo.

Finocchiaro fue declarado “persona no grata” por los sindicatos que forman el frente gremial docente de la CGT.

“El diputado Finocchiaro debería ocuparse de presentar iniciativas que verdaderamente beneficien al sistema educativo, proyectos que eleven los por demás deprimidos salarios docentes que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, mejoren la infraestructura escolar, garanticen la capacitación del servicio y provean de dispositivos tecnológicos a estudiantes”, sentenció en un comunicado Sergio Romero, titular del gremio de UDA y miembro directivo del consejo directivo de la CGT.