El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aprobó un incremento del 80% en las dietas de los diputados nacionales, el cual se pagará en tres cuotas a partir del próximo mes. Esta decisión ha generado controversia, ya que la Casa de Gobierno se opone a dicho aumento.

Con el incremento, los 257 legisladores nacionales pasarán de tener un ingreso promedio de 1,2 millones de pesos a 2,2 millones de pesos brutos una vez completadas las tres cuotas. A pesar de esto, los bloques opositores consideran insuficiente la suba y exigen ingresos similares a los de los senadores nacionales, cuyos salarios brutos alcanzarán los 8 millones de pesos el próximo mes.

Menem había intentado conseguir el apoyo de los presidentes de los bloques para el aumento, pero frente al rechazo generalizado, que argumenta que la suba no compensa la inflación acumulada ni iguala los salarios de los senadores, tuvo que firmar la medida en solitario.

Los diputados de la oposición también han solicitado a Menem que defienda públicamente los salarios de los legisladores, emulando a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien logró un incremento significativo para los senadores. En el Senado, la dieta de los legisladores está vinculada a la paritaria de los trabajadores del Palacio Legislativo, lo que garantiza aumentos proporcionales a los acuerdos salariales de estos empleados. Este mes, los trabajadores del Senado obtuvieron un incremento del 9% en mayo (2% retroactivo a abril y 7% en mayo), lo que también ajustó las dietas de los senadores.

Con esta medida, los senadores pasarán de recibir 7 millones de pesos brutos a 8 millones de pesos, alcanzando un ingreso neto de más de 5 millones de pesos mensuales. Además, se añadirá una dieta adicional a las 12 actuales para compensar el aguinaldo.

La controversia en torno a los incrementos salariales en ambas cámaras legislativas refleja las tensiones políticas y económicas actuales, donde las demandas de ajuste salarial chocan con la realidad inflacionaria del país y las expectativas públicas sobre el gasto estatal. La medida adoptada por Menem, aunque polémica, subraya la complejidad de equilibrar las necesidades salariales de los legisladores con las restricciones fiscales y las percepciones públicas.