Tras la intervención judicial ordenada por el juez Fabián Lorenzini, el directorio de Vicentin SAIC respondió con una carta, argumentando que la crisis actual de la empresa no es resultado de su gestión, sino de la prolongada demora en la resolución del concurso preventivo, iniciado hace cinco años.

Los directores Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Bougain expresaron satisfacción porque, según ellos, finalmente se ha reconocido el grave perjuicio que la injustificada dilación en la homologación del acuerdo preventivo (que lleva ya dos años y medio) causa a la empresa, sus trabajadores y todas las partes involucradas en el concurso.

Vicentin asegura que su falta de liquidez se originó por las razones expuestas en 2024, cuando advirtieron que la extensión del proceso dificultaría la renovación de los contratos de procesamiento a fasón. Recordaron que la propuesta concursal logró las mayorías necesarias a mediados de 2022 y que la demora en su homologación provocó el desfinanciamiento de la compañía.

“El directorio de la sociedad sabe adónde va. Se dirige al reconocimiento por la máxima instancia nacional de la legitimidad de la solución final –insistimos, la única sobre la mesa– y, entre tanto, en un clima completamente adverso, al sostenimiento de la actividad con los fazones que estamos negociado con Bunge, Viterra, ACA, la UAA y Molino Cañuelas (MOLCA). No hay otra solución”, señalan.

La empresa insiste en que, para mantener la actividad y cubrir costos fijos (especialmente salarios y cargas sociales, que superan los 3.5 millones de dólares mensuales), necesita facturar. Desde marzo de 2024, Vicentin proyectaba que su caja resistiría hasta marzo de 2025, pero la incertidumbre generada por la aceptación del recurso de queja del Grupo Grassi afectó las finanzas, impidiendo nuevos negocios. Desde octubre de 2024, debieron solicitar adelantos de pago a los clientes de fazón. La drástica reducción de la facturación en enero y la ausencia de fasones de soja en febrero de 2025 crearon un pasivo post concursal que solo se revertirá con adelantos por la cosecha de soja.

“Siendo los salarios y cargas sociales más de 3,5 millones de dólares mensuales, ya desde octubre de 2024 se comenzó a requerir a los clientes de fasón que adelanten los pagos de la facturación quincenal. La reducción a casi la mitad de la facturación de enero y la ausencia total de fazones de soja en febrero de 2025 generaron el pasivo post concursal que no podrá revertirse hasta que ingresen adelantos por la cosecha de soja”, explica la empresa.

La carta también señala que no existe un mercado de fasones en Argentina como el tribunal y los sindicatos parecen creer, ya que la norma en el negocio de aceites y harinas es la molienda en planta propia, que además tiene capacidad ociosa. Mientras que ACA y UAA incursionaron en la molienda a raíz de la situación de Vicentin, Viterra y Bunge lo hicieron para apoyar a la empresa a la espera de la homologación, que contemplaba que estas empresas, junto con ACA, gestionaran Vicentin. La no homologación podría llevar a Viterra y Bunge a retirarse de los fasones, ya que tienen alternativas para moler y no sería lógico mantener plantas activas para futuros competidores.

Los directores lamentan que un grupo minoritario de acreedores (el Grupo Grassi) y parte de la justicia no hayan comprendido la posibilidad de salvar la empresa con la homologación de la propuesta. Acusan a CIMA Investments y al Grupo Grassi de arriesgar una excelente operación financiera por su “voracidad” de quedarse con Vicentin sin presentar un plan serio y sustentable.

También se indica que los principales acreedores, CIMA Investments S.A. y el Grupo Grassi, “arriesgan una excelente operación financiera por la voracidad de querer quedarse con Vicentin sin mostrar jamás un plan serio y sustentable”.

Vicentin confía en que la instancia nacional reconocerá la legitimidad de la propuesta concursal (que insisten es la única viable) y se enfoca en mantener la actividad con los fazones que están negociando con Bunge, Viterra, ACA, UAA y Molino Cañuelas. Afirman que no hay otra solución.

Finalmente, cuestionan la propuesta que el Grupo Grassi podría presentar en un eventual cram down, argumentando que desconocen quiénes serían sus socios estratégicos y que no tienen experiencia en el mercado de exportación.