El gobierno nacional ha anunciado que antes de finalizar el año se licitará la hidrovía Paraná-Paraguay, destacando que los avances en esta vía navegable son estratégicos para Argentina. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, informó en redes sociales que el pliego para la licitación de la vía navegable troncal (anteriormente conocida como Hidrovía) estará listo antes de fin de año, tras una reunión en la Jefatura de Gabinete con equipos de Obras Públicas y Transporte.

Francos también se comprometió a llevar a cabo una licitación clara y transparente que facilite la participación de un mayor número de empresas tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de fomentar la competitividad y el libre comercio. El anuncio se produjo tras un acuerdo entre Argentina y Paraguay sobre las tarifas de la Hidrovía, que había sido objeto de conflicto. El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, reclamaba una deuda de 30 millones de dólares, pero Paraguay se oponía a este reclamo.

«Pondremos en marcha una licitación clara y transparente que permita la participación de la mayor cantidad de empresas nacionales e internacionales y posibilite condiciones de competitividad para el crecimiento del libre comercio de Argentina con el mundo. Es un tema estratégico para la Nación», señaló Francos

El Acta de Acuerdo, firmada por la Administración General de Puertos S.E. (AGP) y armadores fluviales de la Cuenca del Plata y del Paraguay, incluye bonificaciones en tarifas que están fijadas en u$s1,47 por tonelada de registro neto (TRN) para el tráfico internacional y $1,47 para el tráfico de cabotaje.

En cuanto a la situación de Santa Fe, recientes modificaciones en el contrato de concesión de la hidrovía han generado reacciones encontradas. Mientras que la nueva estructura contractual beneficia a la zona de Timbúes, en el Gran Rosario, desalienta las perspectivas de desarrollo del puerto de Santa Fe, que esperaba atraer barcos de mayor tamaño. El ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, criticó la medida, argumentando que no representa los intereses de Santa Fe ni el modelo de gestión necesario para el crecimiento de la región.

El nuevo contrato, que refleja la política del gobierno de «desburocratizar los procesos administrativos y sentar las bases para la modernización tecnológica», promete avances en aspectos como señalización, dragado y mediciones hidrométricas. La AGP, como sociedad del Estado, estará a cargo de administrar la vía navegable hasta que se adjudique la nueva licitación, que recaerá en un concesionario privado.

El gobierno resalta que los cambios realizados en la vía tienen como objetivo ajustar la navegación y resolver inconsistencias que han sido demandas históricas del sector agroexportador del Gran Rosario. La extensión de la sección 1.3, que ahora incluye las terminales de Timbúes, busca equiparar las condiciones para las cerealeras y aceiteras en la región.

Sin embargo, se ha modificado la profundidad del tramo entre Timbúes y Santa Fe, reduciendo la obligatoriedad de dragado a 25 pies; ahora se garantizará un calado de 15 pies, lo que limitará el tipo de embarcaciones que podrán navegar y desvincula el interés provincial de reactivar el puerto de Santa Fe para buques de gran porte.

Cada ajuste del contrato tiene sus implicaciones políticas. Entre otros cambios, se ha incluido la rada de La Plata a la sección 1.2, buscando garantizar la igualdad en la competencia entre los puertos del Río de la Plata, lo que podría desatar conflictos de intereses entre los puertos de Buenos Aires.

La Secretaría de Transporte señala que el nuevo contrato asegura un marco más flexible y simplificado, adaptado a las necesidades temporales relacionadas con la gestión de esta vital vía de comercio exterior para el país. Además, representa un paso crucial para mantener la competitividad de la Vía Navegable Troncal, esencial para el comercio exterior argentino.

El gobierno de Javier Milei avanza hacia una licitación internacional de concesión de obra pública con peaje a riesgo empresarial, sin respaldo estatal. Una empresa privada se encargará del dragado y balizamiento por peaje, replicando el modelo que utilizaron Jan De Nul y Emepa durante 25 años. Se espera que esta licitación sea adjudicada el próximo año.