La histórica salida del primer embarque de trigo argentino a China desde Timbúes quedó atravesada por un fuerte cruce político. Los jefes locales de Timbúes, Antonio Fiorenza y Puerto San Martín, Carlos De Grandis, reclamaron al gobernador por el plan provincial de obras y la unificación del cobro de tasas, y expusieron una disputa de fondo sobre recursos, caminos y gobernanza del sistema portuario.

El acto que celebró el primer envío de trigo argentino a China desde la planta de Cofco en Timbúes no solo dejó una postal productiva de alto impacto. También se convirtió en escenario de una discusión política largamente postergada en el cordón portuario del Gran Rosario: quién decide, quién financia y quién paga el costo cotidiano de sostener la logística exportadora más importante del país.

Antonio Fiorenza, presidente comunal de Timbúes, y Carlos De Grandis, intendente de Puerto San Martín, llegaron juntos al evento y se retiraron del mismo modo. El gesto, lejos de ser casual, anticipó el reclamo que ambos llevarían directamente al gobernador Maximiliano Pullaro: el rechazo al esquema provincial que busca unificar el cobro de tasas o peajes a los camiones que ingresan a los puertos.

Según los intendentes, la iniciativa implica una pérdida de recursos clave para los municipios portuarios, que son los que absorben el impacto directo del tránsito pesado, el deterioro de los caminos, los controles ambientales, la seguridad y la conflictividad social que genera el movimiento de millones de camiones al año.

La tensión venía en ascenso, pero tuvo un punto de quiebre días atrás, cuando el plan logístico y de obras fue presentado en la Bolsa de Comercio de Rosario sin la presencia de los intendentes. Esa exclusión fue leída en la región como una señal política clara y encendió el malestar que terminó aflorando en público durante el acto en Timbúes.

Pullaro no esquivó el tema. En su discurso hizo referencia a esa reunión y asumió la decisión como propia, marcando que el proyecto tiene conducción centralizada desde el Ejecutivo provincial. Terminados los discursos, Fiorenza y De Grandis se acercaron al gobernador para plantearle cara a cara el reclamo, en un intercambio tenso que quedó expuesto ante funcionarios y referentes empresariales.

De Grandis fue el más directo. Le recordó a Pullaro las promesas incumplidas de gestiones anteriores y cuestionó el impacto real de obras como el tercer carril de la autopista: “Aceleran la llegada de camiones, pero nos dejan los embudos en los caminos locales”, lanzó. También reclamó no haber sido convocados a discutir el proyecto y puso en duda la capacidad de la provincia para garantizar el mantenimiento de la infraestructura.

Fiorenza, por su parte, ya había marcado posición en su discurso. Puso en valor el rol estratégico de Timbúes y de su geografía, pero subrayó que el sistema portuario no funciona en el vacío. “Sin los municipios, esto es inviable”, advirtió, al remarcar que son los gobiernos locales los que sostienen el funcionamiento diario en territorios sometidos a una presión logística permanente.

Pullaro defendió el plan provincial y volvió a su argumento central: la provincia soporta el peso de un sistema que canaliza cerca del 80 % de las exportaciones argentinas, pero recibe menos recursos de los que aporta. Desde esa mirada, justificó la intervención directa del Estado provincial en la planificación y el financiamiento de rutas, accesos y corredores logísticos.

El cruce dejó una imagen contundente: intendentes alineados en defensa de sus territorios y un gobernador decidido a avanzar con un esquema centralizado. El primer embarque de trigo a China funcionó así como telón de fondo de una disputa más profunda, que vuelve a instalar una pregunta incómoda en el corazón del modelo exportador: quién asume el costo real del éxito portuario argentino.