
Una reciente auditoría interna reveló un millonario fraude en PAMI que operaba a través de una red de irregularidades en las prestaciones oftalmológicas en varios puntos del país. La investigación, basada en el cruce de datos de la Orden Médica Electrónica (OME), detectó patrones de sobrefacturación y servicios inexistentes que afectan tanto a los jubilados como a las arcas del organismo.
El informe técnico identificó cinco maniobras principales mediante las cuales se desviaban fondos públicos:
Sobrefacturación de anteojos: Se entregaban lentes de baja graduación pero se facturaban módulos de alta complejidad, hasta cinco veces más caros.
Prestaciones fantasma: Facturación de estudios como topografías o fondo de ojos que carecían de respaldo clínico o historia clínica.
Circuitos cerrados por beneficio propio: Médicos que derivaban de manera sistemática a ópticas con las que tenían vínculos familiares directos.
Manipulación de códigos: El uso deliberado de códigos de “seguimiento” para inflar el valor de consultas simples.
Doble cobro al afiliado: Se obligaba a los jubilados a pagar por lentes “premium” que debían estar cubiertos, mientras el óptico cobraba también el pago de PAMI.
Los auditores confirmaron que estos patrones se repiten en distintas jurisdicciones como Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires y La Rioja. En Concordia, por ejemplo, se registraron más de 800 casos irregulares concentrados en un único médico, mientras que en Santa Fe se investiga a un profesional y una farmacia por emitir 636 recetas apócrifas desde una misma dirección IP.
Ante esta situación, la gestión de Esteban Leguízamo inició un proceso de saneamiento que ya permitió recortar 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios. Actualmente, existen al menos seis causas judiciales activas impulsadas por la UFI-PAMI ante la Justicia Federal para desarticular estos mecanismos de estafa y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los jubilados.