Por Carlos Alfredo Rinaldi (Abogado – Especialista en Derecho de Familia)

Finalmente, luego de dos años de convivencia social en pandemia, los resultados de esta “moratoria social obligada” (una “pausa” en la vida que conocíamos hasta entonces), han comenzado a evidenciarse.

La recuperación de las rutinas, la vuelta a los patrones de “normalización”, el desafío de refundar los lazos de sociabilidad, tan resentidos por el aislamiento y la distancia. En cierta medida, hemos tenido que volver a empezar, con dudas y muy pocas certezas, tanto individuales, como colectivas.

Y claro, uno de los productos más sensibles de esta etapa excepcionalísima que abandonamos, está ligado al deterioro de la seguridad general, como eje para la convivencia social. 

El aumento de los hechos de inseguridad, en nuestra ciudad y región por caso; como en tantos otros lugares, denota un crecimiento de los delitos pero en sus formas más toscas o torpes. “Raterismo”, violaciones de domicilio para robar menudencias, arrebatos en la vía pública, a veces con uso de armas, sin llegar, por lo general, a formas más graves. (Basta con recorrer la crónica policial diaria)

También es cierto, pareciera haber un notorio incremento de la participación de adolescentes, de “menores”, aunque las generalizaciones nunca son buenas, y procuro ser cauteloso con este dato. La reacción lógica frente a este fenómeno, incluso también a nivel local, ha sido la exteriorización de protestas importantes, reclamos a las autoridades policiales y municipales, con justa razón, obviamente.

Sin embargo, la problemática de la inseguridad requiere de un análisis un tanto más profundo. Creer que la respuesta es la “mano dura”, la represión, sin apuntar a la prevención o a su cimiente multicausal es un error.

Obviamente, toca a la Policía de la Provincia cumplir su rol de prevención general. Asegurar el patrullaje, atender a la demanda, perseguir el delito, contener a las víctimas, ¿Quién podría negarlo? Pero a larga, ésa es solo una de las aristas del problema o, posiblemente, uno de sus atisbos de solución.

Es el Estado, en cualquiera de sus niveles, sí, en cualquiera de sus niveles, y más allá de sus competencias administrativas estrictas o “naturales” (la dirección del organismo policial corresponde al gobierno provincial, es cierto), quien debe promover acciones tendientes a la promoción de los derechos, sobre todo, de niñas, niñas, adolescentes. Vale recordar, que en Argentina, durante el ASPO, casi un millón de chicos perdieron contacto con la escuela, fruto de la falta de atención al derecho humano básico a la conectividad.

Sin entornos amigables no hay posibilidad de construcción de un proyecto de vida a mediano o largo plazo. Si los barrios no contienen, no brindan una oferta para la administración del tiempo ocioso, no permiten el disfrute de los espacios públicos, no tramitan experiencias que refuercen la subjetividad y la pertenencia, los niños y adolescentes que los habitan pueden errar el camino buscando salidas más fáciles, pero menos beneficiosas. (Prevengo sobre la inconveniencia de generalizar, o de caer en la prédica laica sobre la droga, las malas juntas y demás, tan cargadas de prejuicios y preconceptos, no vienen al caso)

La marginación no es una opción, es una consecuencia de la falta de igualdad de oportunidades, y de la realización efectiva de la justicia social.[1]

Por caso, cuando pensamos en las responsabilidades de los municipios y comunas frente a la problemática de la inseguridad/seguridad, allí se abre un abanico de posibilidades.

Un Estado cercano, hace su aporte para garantizar escenarios sociales más seguros cuando crea entornos más amigables. Cordón cuneta, iluminación, desmalezamiento, atención primaria de la salud, acceso a dispositivos y conectividad pública, mantenimiento de plazas, playones deportivos y demás. Son aportes a la seguridad pública, y al fomento de la condiciones de convivencia ciudadana.

Pero también, cuando propone acciones que acerquen o construyan una agenda de actividad barrial. Actividades culturales, deportivas, recreativas, permiten, sobre todos a los más jóvenes, dar otro trámite al tiempo libre, poder compartir con otros y “gastar” horas de manera más productiva.

La saturación del territorio, el control, el disciplinamiento, la “presencia policial”, ayuda, y es necesaria, nadie podría negarlo. Pero nunca las sociedades serán más justas y ordenadas, que cuando se les brindan caminos para abrazar un “cachito” más de igualdad y justicia social.

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[1] GONZÁLEZ PUYOL, Ángel, “Rawls, el filósofo de la Justicia”, Buenos Aires, EMSE EDAPP SL, 2015. pág. 105.