En el contexto de las movilizaciones llevadas a cabo por trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial en Santa Fe, en demanda de mejoras salariales, ascensos y reforzamiento de ingresos, así como en oposición a la reforma jubilatoria provincial, este jueves se desarrolla un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. La concentración iniciará a las 8 en el Centro de Justicia Penal ubicado en Mitre y Virasoro, en Rosario. En cuanto a San Lorenzo, el paro es sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización.

Audiencias se desarrollan con normalidad en los Tribunales de San Lorenzo, debido a que fiscales del MPA, jueces y algunos trabajadores que no están encuadrados están tomando las mismas. Hoy se realizan los alegatos de cierre de un juicio por abuso sexual, imputativas, como la de este mediodía, al presunto femicida de Romina Cisneros.

Este es el tercer paro realizado en octubre, relacionado con el conflicto entre el Poder Judicial y el gobierno de Santa Fe, que tuvo un nuevo desarrollo recientemente en lo que respecta a los retroactivos. Debido a la huelga, la Corte Suprema ha decidido suspender los términos procesales y las audiencias, ya que la protesta afectará a los tribunales provinciales, las oficinas de gestión, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal.

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación ha convocado a una jornada nacional de lucha de 36 horas, que comenzará hoy a las 10 con una movilización en Oroño al 900, y un paro programado para el viernes. Esta acción busca defender la independencia del Poder Judicial y la dignidad salarial. «Nos unimos en una sola lucha», afirmaron.

Las asambleas de empleados de la justicia provincial decidieron la jornada de lucha de este jueves, después de haber realizado previamente un paro de 24 horas el 10 de octubre y otro de 4 horas la semana pasada, como parte de sus demandas al gobierno provincial. Estas quejas se centran en la reforma previsional aprobada, los retroactivos atrasados y la aprobación de nombramientos, ascensos e ingresos relacionados con las vacantes. «Queremos que el gobernador cumpla con la ley y respete la independencia del Poder Judicial», han manifestado representantes del sector, que no había llevado a cabo estos tipos de medidas de fuerza en 30 años.

El paro «total» de 24 horas afecta a todos los organismos del sistema de justicia provincial y se suma a otros reclamos que están aumentando por el conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno provincial. La medida incluye una convocatoria para que los trabajadores se concentren esta mañana en el Centro de Justicia Penal.

En relación al conflicto, el lunes pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció sobre la necesidad de renovar el máximo tribunal de la provincia: «Personalmente no tengo nada contra los ministros actuales de la Corte; consideran que llevan 30 años o más en sus cargos, han cumplido su ciclo y no están en condiciones de pensar en una Justicia moderna que la provincia necesita».

Posteriormente, el martes se registró un nuevo episodio relacionado con los retroactivos. En un comunicado, el gobierno indicó que «el máximo órgano judicial se quedó sin recursos al acelerar el uso de su presupuesto» y mencionó un “manejo discrecional” de los fondos de este año. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, apuntó que la Corte Suprema había agotado su presupuesto por un manejo «desajustado y ligero». No obstante, anunció el envío de partidas: «Vamos a pagar los retroactivos, se transferirán los fondos que correspondan», afirmó, según se reportó tras una reunión con el ministro de Economía, Pablo Olivares, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y la titular del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

La Corte Suprema respondió a la afirmación del gobierno, calificándola de «falaz» y precisó que el pago de los retroactivos de los empleados depende de los ajustes presupuestarios que debe implementar el Poder Ejecutivo, los cuales no son de competencia del máximo tribunal provincial. Además, reiteró que «reivindica el derecho de todos los trabajadores a percibir en tiempo y forma las sumas salariales previstas en la legislación vigente».

En el marco de este conflicto, «tras la reunión de 300 magistrados en la escalinata de tribunales» el 30 de agosto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia lanzó una campaña en redes sociales con la consigna «Justicia independiente… No hay otra».