Las personas que impidieron a Herme Juárez el ingreso a la sede del Sindicato Único Portuarios Argentinos (SUPA) de Puerto San Martín, se encuentran plenamente identificadas. Así lo señalaron fuentes policiales, dando cuenta del listado que publica este medio de comunicación.

El pasado 4 de junio, el histórico dirigente pretendió ingresar a la sede del Sindicato invocando su carácter de afiliado, pero un grupo de personas le impidió hacerlo, interponiéndose entre la entrada y el paso de Juárez.

Interrogados respecto del por qué de tal impedimento, algunos de ellos -que prefirieron no identificarse-, manifestaron que Juárez se encuentra procesado por la justicia federal de Campana y que en ese marco, el Juez le impidió el acceso. Sin embargo, Juárez exhibió una orden del Juez, donde expresamente manifiesta que no opone reparo alguno a su acceso al SUPA. También, resultó llamativo frente al argumento de quienes bloqueaban la entrada, que entre las personas que identificó la policía, se encuentra Pablo Bunello, quien tiene idéntica situación procesal que Juárez.

Efectivamente, Bunello –quien junto con Marcelo Vergara y Juan José Rojas era uno de los más enérgicos en el bloqueo del acceso-, se encuentra procesado por el Juez Federal de Campana por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción agravada. Asimismo, según fuentes judiciales, al momento de su detención le secuestraran una pistola Glock, un revólver antiguo color plateado, una pistola antigua con cargador, y una escopeta antigua; seis cajas de cartuchos 9 mm de 50 unidades cada caja, 29 municiones calibre 38, 12 municiones calibre 32, y 7 municiones calibre 6,35.

Todo parece indicar entonces, que la verdadera razón del bloqueo a Juárez se enmarca dentro de una puja sindical por parte de quienes apoyaban al otrora interventor de la entidad, Marcelo Urban y pretenden desconocer el carácter de Secretario General de Juárez, a la vez que –a juzgar por los incidentes del día jueves-, intentarían evitar por todos los medios que el mismo se presente a elecciones, mientras buscan un líder que pueda representarlos.

Por su parte, el plazo de seis meses dispuesto por la Sala IV de Trabajo al imponer la intervención, ya ha vencido, el interventor ha cesado en su puesto y el nuevo interventor designado por el Ministerio de Producción y Trabajo, renunció antes de asumir, informaron fuentes judiciales. Resta ahora que la Sala IV se expida en forma urgente para normalizar la situación y decida si prorroga la intervención o devuelve el sindicato a sus autoridades naturales.