Derribo de un búnker de drogas en Rosario mediante la Ley de Microtráfico Santa Fe.

Ley de Microtráfico: derribaron en Rosario un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

El Gobierno intervino la propiedad ubicada en Mateo Booz 9013. En este sitio, desconocidos asesinaron a Lucas Urrutia el 5 de enero de 2025. Con este operativo, la gestión de Maximiliano Pullaro ya suma 105 búnkeres inactivados desde finales de 2023.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, y el fiscal César Cabrera supervisaron el derribo este jueves. La medida responde a la Ley de Microtráfico Santa Fe, sancionada por la Legislatura para combatir la venta de drogas al menudeo.

Impacto de la Ley de Microtráfico Santa Fe en los barrios

Durante el operativo en zona oeste, Pereira afirmó que estos lugares generan violencia constante. “Estos puntos afectan a las familias trabajadoras y envenenan a la juventud”, señaló el funcionario. También explicó que la presencia de búnkeres transforma barrios tranquilos en zonas peligrosas.

Gracias a la Ley de Microtráfico Santa Fe, el Estado ahora puede eliminar estos centros de criminalidad. Según Pereira, la norma permite liberar a los vecinos de la carga que imponen las bandas delictivas.

Un aguantadero vinculado al crimen de Lucas Urrutia

El fiscal Cabrera aportó detalles sobre la investigación. Recordó que bandas criminales coparon la vivienda tras quedar sin dueño. En ese contexto, ocurrió el homicidio de Lucas Urrutia. Actualmente, la causa tiene a dos mayores y un menor detenidos.

Incluso después del crimen, los delincuentes usaban la casa como “aguantadero” de vehículos robados. El fiscal destacó que en un radio de 10 cuadras detectaron más de 120 incidentes violentos. Por ello, consideró fundamental desactivar esta base operativa de inmediato.

Trabajo coordinado contra el narcomenudeo

Los operativos de derribo comenzaron a principios de 2024. En ellos trabajan juntos el Gobierno de Santa Fe, el MPA y la Justicia provincial. También colaboran la Policía, fuerzas federales y municipios locales.

La provincia ahora tiene la facultad de destruir puestos de venta y propiedades vinculadas a la violencia extrema. Esta coordinación busca combatir el crimen organizado y devolver la seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino.