El último recurso: la Justicia acorrala al Gobierno por la Ley de Emergencia en Discapacidad

El tiempo se agota y la paciencia de las instituciones también. El próximo 4 de febrero no es una fecha más en el calendario; es el hito determinante para la supervivencia de miles de familias argentinas. Esa es la fecha límite fijada por la Justicia Federal para que el Poder Ejecutivo deje de mirar hacia otro lado y comience a aplicar, de una vez por todas, la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Tras meses de dilaciones y lo que el sector denuncia como una “maniobra de distracción” oficial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó un ultimátum que no admite más prórrogas. El mensaje es claro: la salud y la dignidad no pueden esperar a que cierren las planillas de Excel.

El impacto del desfinanciamiento en la Ley de Emergencia en Discapacidad

“El trabajo en discapacidad hoy es casi imposible de sostener”, sentencia con crudeza Mariel Chapero, referente de Apridis. Y los datos le dan la razón. El desmembramiento del sistema no es una amenaza lejana, es una realidad que se siente en la calle: transportistas que ya no pueden cargar gasoil e instituciones históricas que bajan sus persianas porque los aranceles parecen una burla frente a la inflación.

La gestión nacional ha intentado, incluso a través del Presupuesto 2026, borrar con el codo lo que el Congreso escribió con la mano. Sin embargo, la ley fue ratificada y hoy el Gobierno se queda sin argumentos legales. El reclamo es urgente: actualización de aranceles y un alivio real para las asfixiantes deudas fiscales que están devorando a los prestadores.

El 4 de febrero: la última frontera

El fallo judicial que declaró inválido el decreto que suspendía la ley le devuelve el aire a quienes ya no tienen de dónde sacar fuerzas. Para muchos usuarios, perder la cobertura médica o el acceso a la terapia significa retroceder años de progreso en un abrir y cerrar de ojos.

La Ley de Emergencia en Discapacidad no es un frío conjunto de artículos técnicos; es la red de contención de los más vulnerables. El Gobierno Nacional tiene ahora un puñado de días para demostrar si acatará la orden de la Justicia o si permitirá que el sistema termine de colapsar definitivamente, dejando a miles de personas a la deriva.