Mediante los decretos 759 y 760 publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo formalizó la promulgación de las leyes 27.795 y 27.796, aprobadas por el Congreso tras el rechazo de los vetos presidenciales. Sin embargo, su puesta en marcha quedó en pausa hasta que el Parlamento determine cómo se financiarán los gastos que implican.

El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, ambas ratificadas el 2 de octubre por el Congreso tras el rechazo de los vetos del presidente Javier Milei. No obstante, el Poder Ejecutivo dispuso suspender su aplicación hasta que el Parlamento establezca las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.

La medida fue oficializada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales se promulgaron las leyes 27.795 y 27.796. En ambos casos, el Gobierno argumentó que las normas no podrán ejecutarse sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos, replicando el criterio aplicado previamente con la ley de emergencia en discapacidad.

Según el texto oficial, el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican las leyes, una observación que ya había anticipado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al sostener que no es posible aplicar medidas que generen nuevos compromisos fiscales sin respaldo presupuestario.

Financiamiento universitario

La Ley 27.795, promulgada mediante el Decreto 759/2025, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. También prevé recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con actualización salarial según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación plena de la ley demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026, montos que el Gobierno considera “inviables” sin una definición del Congreso sobre los recursos disponibles.

La Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la norma sin fondos específicos sería incompatible con el artículo 5° de la Ley 24.629, que regula la ejecución del gasto público, y podría generar “responsabilidad funcional” para los funcionarios que la implementen.

En este contexto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realiza este martes y miércoles un paro nacional en reclamo por la demora en la promulgación efectiva de la ley. La medida incluye una jornada de protesta y un cese de actividades por 24 horas en todo el país.

Emergencia pediátrica: foco en el Garrahan y hospitales infantiles

Por su parte, el Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año.

El objetivo de la norma es garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para niños y niñas, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario. Además, contempla incentivos fiscales para profesionales que trabajen en áreas críticas. El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad.

El costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, cifra que el Ejecutivo considera difícil de afrontar dado el déficit de $102.400 millones que presenta actualmente el Ministerio de Salud. El decreto advierte que aplicar la ley sin financiamiento concreto podría afectar programas esenciales, como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Además, el texto oficial señala que algunas disposiciones de la norma “invaden competencias del Poder Ejecutivo” al intentar derogar resoluciones del Ministerio de Salud, lo que —según el Gobierno— vulnera la división de poderes.

Contexto político

Ambas leyes fueron aprobadas con amplio respaldo opositor, luego de que el Senado rechazara los vetos presidenciales. En ese escenario, el Ejecutivo resolvió promulgar las normas para cumplir con el trámite formal, aunque condicionó su ejecución a la disponibilidad presupuestaria.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó bajar el tono a la tensión política y económica, asegurando que “la Argentina atraviesa un momento complicado, pero está lejos de una situación terminal”, en referencia a recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había dicho que el país “lucha por su vida”.

Adorni sostuvo que el Gobierno “heredó un desorden enorme” y que “aún falta mucho por recorrer”, pero defendió la postura oficial de condicionar la aplicación de leyes sociales y educativas a la definición de fuentes de financiamiento, al afirmar que “no se puede gastar lo que no se tiene”.