Escribe Carolina Rigoni
Lic. en Ciencia Política- U.N.R

El “Paradigma de Gobierno Abierto”, impone a los Estados la obligación de optimizar sus sistemas de información pública, permitiendo a los ciudadanos acceder a instancias de conocimiento y participación más eficaces.

El concepto surgió a finales de 1970 en Inglaterra. El objetivo principal era reclamar la apertura del gobierno y la participación ciudadana, frente al secretismo con el que se actuaba. Dos décadas después continuó utilizándose el término “open government” entendiendo por el mismo el acceso libre a la información, protección de datos y al conocimiento de las actividades previstas que el Gobierno realizará o está realizando permitiendo así el ejercicio de la opinión ciudadana.

En este sentido, los estándares de transparencia, conocimiento de presupuestos y efectivización de los recursos públicos, quedan a disposición de la ciudadanía no sólo por su carácter de información calificada, sino por su naturaleza de prerrogativa sobre la que se asienta el derecho político de conocer y peticionar ante las autoridades.

Las Democracias Modernas, ponen el acento en los procesos de transparencia y en el gobierno abierto, como una prestación central de la relación de mandato entre Administrador y Administrados.

Los procesos asociados al “Gobierno Abierto”, no consisten en la mera garantía de facilitar la accesibilidad a la información de gestión, sin mediaciones. Importa la obligación de esclarecer y publicitar todos los aspectos de gestión pública, desde el menor acto administrativo, hasta las decisiones más complejas y tecnificadas.

En este orden, se evidencia la importancia de la instrumentación de herramientas de democracia directa, es decir, sin delegaciones. Las que colocan a los ciudadanos, como verdaderos protagonistas del seguimiento y evaluación de los procesos de decisión y gestión de las políticas públicas.

En este sentido, los diseños jurídicos de desconcentración descentralización o administrativas, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, han cumplido un rol fundamental en el camino de achicar la brecha entre el Estado y la Sociedad Civil.

Otro tanto ha ocurrido con las experiencias de los “Presupuestos Participativos”, que han permitido a los ciudadanos retomar la experiencia tradicional del “ágora”, como espacio de debate y fundamentación de ideas para la toma de decisiones comunes.

Las experiencias de “Gobierno Abierto”, se sostienen en normativas de desregulación y han encontrado sustento en el desarrollo de las nuevas tecnologías (TICs). Ello permite que la información pública se configure en línea, y existan canales de comunicación más directos, con plataformas de información en tiempo real.

La concepción del “Gobierno Abierto”, accesible y cercano, ha nacido como una necesidad para superar el flagelo de la corrupción estructural. Procesos históricos como el “Watergate” (EEUU), “Mani Pulite” (Italia), o “Lavajato” (Brasil), nos han mostrado los infaustos alcances de la corrupción política y del tráfico de influencias.

Los gobiernos transparentes son aquellos que se autocontrolan y se dejan escrutar sin miramientos, desautorizando los nepotismos y los oscurantismos. Para ello, articulan acuerdos con la minorías opositoras, y crean agencias de control o sindicaturas de monitoreo permanente.

En el caso argentino, dichas agencias son; la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN), creadas a partir de la reforma constitucional de 1.994, y más recientemente, la Oficina Anticorrupción (AO).

La transparencia mejora la calidad de las instituciones. Su defensa y garantía en una tarea que compete a todos los ciudadanos comprometidos con el mejoramiento de la democracia en todas sus instancias.