
El exlegislador y abogado falleció a los 78 años en su residencia de Oliveros. Su trayectoria unió la militancia en la JP, una condena federal como civil partícipe del terrorismo de Estado por el secuestro de un líder sindical y un fuerte peso electoral en la democracia local.
Este miércoles 10 de junio de 2026, falleció en su domicilio de la localidad de Oliveros Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, una de las figuras políticas más influyentes, complejas y controversiales de la historia reciente de la ciudad de San Lorenzo y el Cordón Industrial. Su deceso cierra un capítulo marcado por la convivencia de una notable capacidad de construcción política en democracia y una condena de la Justicia Federal como entregador y partícipe civil de la última dictadura militar.
Abogado de profesión y miembro de una familia de fuerte raigambre local, Rodríguez inició su recorrido público en los años 70 dentro de las filas de la Juventud Peronista (JP). Sin embargo, su destino político quedaría sellado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
A diferencia de otros militantes de su generación, Rodríguez continuó en funciones dentro de la estructura de la Municipalidad de San Lorenzo bajo la intervención militar, asumiendo el rol clave de Director de Asuntos Jurídicos. Fue ese doble rol —el del militante que conocía el territorio y el del funcionario legal del gobierno de facto— el que años más tarde lo sentaría en el banquillo de los acusados.
El punto de inflexión judicial para “Pili” Rodríguez llegó en agosto de 2013. En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario lo condenó a 8 años y seis meses de prisión al hallarlo culpable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de Manuel Oscar Casado, quien fuera secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo.
El juicio oral probó que Rodríguez funcionó como el nexo civil indispensable para el esquema represivo en el Cordón Industrial. Según los testimonios vertidos en el proceso y las denuncias de la propia víctima, el abogado utilizó su conocimiento de la planta municipal para “marcar” y facilitar la captura de Casado por parte de las fuerzas de seguridad.
Aquella condena penal impactó de lleno en su carrera política en democracia, la cual había sido sumamente exitosa en términos electorales. Rodríguez llegó a desempeñarse como secretario de Gobierno municipal, diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ) y, posteriormente, concejal tras fundar su propia estructura vecinalista.
A pesar de mantener un núcleo de votantes sumamente fiel en San Lorenzo, las sucesivas causas por delitos de lesa humanidad generaron un fuerte rechazo en los cuerpos legislativos:
En 2004, fue destituido de su banca en el Concejo Municipal de San Lorenzo debido a los avances en sus procesamientos judiciales.
En 2009, tras haber ganado una banca en los comicios legislativos locales mediante el voto popular, el cuerpo de concejales aplicó el principio de “inhabilidad moral” y le impidió asumir el cargo.
Tras cumplir la pena impuesta en la “Causa Casado” bajo la modalidad de prisión domiciliaria, Rodríguez continuaba bajo la lupa judicial. Al momento de su fallecimiento, seguía procesado en otras derivaciones de la megacausa del Cordón Industrial, que investiga los crímenes de lesa humanidad y la complicidad civil-empresaria en el polo fabril del sur de Santa Fe durante el terrorismo de Estado. Su muerte deja inconclusos esos procesos, pero consolida un precedente ineludible sobre la responsabilidad civil en la región.