La ministra de Seguridad dijo que, después del tratamiento de la ley ómnibus, enviarán un proyecto para cambiar la actual legislación. “Que vengan en fila uno atrás de otro a decirnos lo que tenemos que hacer para salvarle la vida a los argentinos”, desafió.

Las principales autoridades están dispuestas a volver a facilitar la expulsión de extranjeros que, sin tener residencia legal en el país, cometen delitos, tal como ocurrió entre 2017 y 2021.

Hoy, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió con esa idea y anticipó que el Gobierno impulsará una ley que modifique la situación actual. Además, desafió a quienes discuten esa posiblidad bajo argumentos relacionados con los derechos humanos.

La ministra habló en radio El Observador sobre la tráfica toma de terrenos en La Matanza, donde cinco personas murieron en medio de una balacera que se desató tras una discusión. Sobre eso, aseguró que quedó “azorada” al escuchar al gobernador Axel Kicillof admitir que había una orden de desalojo desde hace tiempo sobre esos terrenos.

“Si a mí me dan la orden de desalojo, mañana te lo desalojo. Ni bien en cualquier terreno entra la primera usurpación, afuera”, dijo Bullrich. Y, enseguida, adelantó: “Ahora vamos a cambiar las leyes, después que se voten estas, para que extranjeros que delinquen en Argentina y son irregulares, se vayan del país. Por supuesto que hay extranjeros que delinquen y generan un daño muy fuerte, tienen que cumplir una pena. Porque si no, irse del país sería como una salvación”.

Además, rechazó las críticas que puedan surgir con esa decisión, y desafió: “El otro día hubo cinco muertos, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Que vengan en fila uno atrás de otro a decirnos lo que tenemos que hacer para salvarle la vida a los argentinos”.

Bullrich ya había pedido esta semana que la Justicia expulse a los extranjeros que delinquen y que no tienen residencia legal en el país, reclamo que antes habían echo desde la Ciudad de Buenos Aires el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolff.

En enero de 2017, Mauricio Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.