Una presunta banda dedicada al menudeo de drogas en el oeste de Rosario fue llevada a juicio esta semana. La estructura, que operaba en los barrios Godoy y Santa Clara, estaría liderada desde la cárcel por la bermudense Jésica “La Fea” González. Durante la audiencia, la fiscal Paula Barros presentó interceptaciones telefónicas que exponen cómo el delito corroe los vínculos familiares, involucrando incluso a menores.

Prisión preventiva prorrogada para la mayoría de los imputados
En otra audiencia celebrada este martes, la jueza Eleonora Verón extendió hasta el 9 de marzo de 2026 las prisiones preventivas de casi todos los acusados. La medida abarca a la presunta líder, Jésica “La Fea” González, y a los demás integrantes del núcleo directivo e inferior: Andrés Khalil Sánchez, Camila Dumbsky, Olga Rosales, Micaela Cejas, Alexis Canteros, Omar Magallanes, Estela Carrizo, Brenda Andino, Melina Andino, Eugenio Fakerman, Nahuel Andino y Francisco Quintana.

La única excepción fue Rodrigo Rubén Darío B.,, quien quedó en libertad bajo reglas de conducta. Eestá acusado de una participación secundaria en el crimen de Esteban Gustavo Fernández, primo del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, ocurrido en marzo pasado. Según la fiscalía, Belizán habría sido quien le entregó el arma al adolescente que ejecutó el homicidio.

Los imputados y sus funciones
La jueza Verón recibió originalmente la acusación contra ocho personas por el narcotráfico: Emanuel Ayala, su pareja Cintia Lorena Serrano, Cristian Sebastián Alegre, Lautaro Mateo Báez, Ángela Isolina Micle, Ariel Germán Micle, Luciano Ezequiel Caraballo y Juan David Pérez Jaramillo. Según la fiscalía, entre diciembre de 2024 y agosto de 2025 se dedicaron a la venta minorista de estupefacientes en esa zona.

La organización, que funcionaba con la logística de una “pyme narco”, contaba con puntos específicos para el acopio, fraccionamiento y venta —algunos ubicados frente a la cárcel de la zona oeste—. Alegre, Báez y los Micle estaban a cargo de un búnker en Brasil y 27 de Febrero en Rosario. Pérez Jaramillo, Caraballo y Serrano se encargaban del fraccionamiento de la cocaína en “bochitas”, mientras que Ayala daba las órdenes sobre los contactos y las entregas.

A Juan David Pérez Jaramillo también se lo acusa de participar en el asesinato de Fernández, al haber alertado mediante la aplicación Zangi sobre la ubicación de la víctima. Respecto a ese crimen, la investigación señala que el autor material habría sido un adolescente de 16 años, hijo biológico de “El Morocho” Mansilla, quien se encuentra detenido.

Estructura jerárquica de la banda
Según el Ministerio Público de la Acusación, la red está liderada por Jésica González. A La Fea la habían detenido en mayo en una vivienda de Puerto San Martín donde cumplía prisión domiciliaria por orden del Tribunal Federal. Sin embargo lideraba una banda dedicada a la venta de drogas que también fue imputada.

Inmediatamente por debajo de ella responderían de manera directa Nahuel “Moscato” Andino, Brenda Andino, Estela del Carmen Carrizo, Arturo Maximiliano Velázquez y Andrés Khalil Sánchez. En un eslabón inferior, la fiscalía sitúa a Melina Andino, Micaela Cejas, Matías Gulezano, Eugenio Fakerman, Omar Leandro Magallanes, Olga Rosales, Camila Dumbsky y Francisco “Z” Quintana.

Las escuchas: el drama familiar detrás del crimen
Las grabaciones presentadas en el juicio revelan el lado más crudo de esta actividad ilegal. Uno de los acusados, detenido en la cárcel de Coronda, lograba comunicarse con el exterior mediante un reloj inteligente con chip, que fue incautado el 6 de diciembre.

Ese mismo día, Gendarmería allanó la vivienda donde vivían su pareja y sus dos hijos, de 16 y 9 años. Al enterarse, el detenido llamó a su madre. En la conversación, ella le confirmó el operativo, el arresto de su pareja y de su yerno, y le reveló que los niños casi son llevados por el sistema de protección. También le contó que su hija adolescente había arrojado a la casa de un vecino una bolsa con dinero y droga.

Minutos después, el hombre habló con su hija de 16 años, quien atendió entre llantos y gritos de desesperación. “No puedo papi, no puedo más. Me dejaron sola”, dijo la adolescente. Lejos de consolarla, el padre insistió en preguntar cuánta droga se había perdido en el operativo. La joven explicó que había tirado “todo”, pero que su madre había guardado un pedazo que quedó en la habitación. También detalló que el teléfono con el que hablaban lo habían escondido dentro de una pata de plástico de la mesa durante el allanamiento.

En la misma llamada se escuchó al hijo de 9 años, quien solo alcanzó a llorar y decir que extrañaba a su madre, recibiendo un reto de su padre por “hacer renegar” a la mujer. Este regaño no era aislado: en una intervención anterior del 12 de noviembre, la madre le había pedido al detenido que retara al niño porque le había contado a su abuela que ella y su hermana “se ponen a armar droga con bolsitas en la mesa”.

El imputado se encuentra en prisión y, mediante un smartwatch digital, llamó desde su celda a su hija de 16 años, quien estaba en su casa. El reloj en cuestión fue secuestrado al preso durante una requisa el sábado 6 de diciembre pero para ese entonces la secuencia ya había ocurrido. Ese mismo sábado Gendarmería, por instrucción de la fiscal Barros, allanó el domicilio del imputado, en el que se encontraban sus dos hijos, una adolescente de 16 años y un nene de 9. Ambos estaban bajo la guarda de su madre, esposa del imputado, y un hermano de ella. El operativo era para capturarlos a ellos dos.

Sin embargo, quien atendió esa primera llamada desde el smartwatch del preso fue la madre de este, que le aseguró que habían arrastrado a su nuera; es decir, pareja del preso y madre de ambos hijos de este. Por tal motivo, agregó, ella había quedado a la guarda de ambos niños, para evitar que quedaran bajo la órbita del área judicial de la Secretaría de los Derechos de la Niñez. “Decí que la (nombre de la niña) tiró a la casa de los vecinos una bolsa con una banda de plata y droga. Ahora están esperando para recuperarla“, se escucha decir a la mujer para advertir a su hijo.

La conversación

“¿Con cuánto los agarraron?”, se escucha preguntar al padre, del otro lado de la línea. “Se ve que mami había sacado un pedazo porque yo alcancé a tirar todo. Se ve que mami se había guardado un pedazo (de un ladrillo de cocaína) que quedó en la pieza de ella. Le hice una carta a mami, y ahora le voy a llevar para comer (a la cárcel)”, contesta la hija. “¿Y dónde quedó eso? ¿Dónde está eso?”, vuelve a inquirir el padre.

Pero la hija llora y asegura a su padre que sabe el lugar en que arrojó la bolsa con la droga. Y luego le asegura que está junto con su hermano menor, a quien había bañado recientemente y a quien estaba intentando alimentar en ese momento. “No duermo desde ayer. No tengo fuerza”, asevera en la conversación. El teléfono mediante el cual se comunicaba con su padre no fue requisado debido a que ella lo había escondido, según cuenta a su padre, en una pata de la mesa plástica de su casa.

Detrás, su hermano de nueve años solloza detrás, de fondo en la línea, debido a que extraña a su madre. Su padre, en lugar de consolarlo, le devuelve una reprimenda: “¿Viste que te digo que la tenés que cuidar, gil”. Su hijo contesta esa afrenta con un “Te espero”.

En las comunicaciones, la pareja del detenido hacía referencia constante a la venta de cocaína con un sello de delfín, una marca que ha sido hallada reiteradamente en operativos contra el narcotráfico en distintos barrios de Rosario.

El caso, que se inició tras investigar extorsiones, amenazas y balaceras en la zona, continúa su curso judicial. La fiscalía elevó un requerimiento acusatorio, por lo que las prisiones preventivas se prorrogarán automáticamente hasta la finalización de la audiencia preliminar, paso previo al juicio oral y público.