El senador departamental sanlorencino Armando Traferri presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad ante la resolución del juez José Luis Mascali que autorizó a los fiscales a citar a imputativa por la causa de juego clandestino. Solicita que la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe se pronuncie sobre el fallo en el que el magistrado declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución de la provincia el pasado 18 de mayo.

Con una nueva estrategia, Traferri dejó al locuaz José Luis Vázquez y ahora cuenta con el patrocinio de los dres. Oscar Romera y Juan Ignacio Murray quienes presentaron el escrito ante el juez Mascali para que se tenga por interpuesto el recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055″ y que «oportunamente, conceda el presente recurso, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, a sus efectos», además de reservarse la posibilidad de, en caso contrario, acudir directamente a la Corte.

El Diario El Litoral tuvo acceso a la presentación y publicó algunos extractos de la misma: Traferri considera que es «arbitraria e infundada» la decisión del juez y que «ha planteado una grave situación institucional de conflicto de poderes, ya que ha pretendido sustituir la decisión adoptada por el Senado provincial, a quien la Constitución provincial le reconoce la competencia para resolver de modo definitivo sobre el desafuero de sus integrantes».

Cabe recordar que el senado ya se expidió sobre esta situación y rechazó el pedido de los fiscales de desaforar a Armando Traferri quien argumenta que «conocer y resolver en los conflictos de poderes que se puedan suscitar entre los órganos de gobierno de provincia de Santa Fe es una labor fundamental que tiene a su cargo la Corte Suprema provincial» y que «la Constitución provincial le otorga esa competencia de modo originario y exclusivo, al igual que la gran mayoría de las constituciones provinciales».

Advierte además que «en un conflicto de poderes las partes son –nada más y nada menos- sus órganos de gobierno y lo que allí se decida tiene un claro y directo impacto en el diseño de la convivencia institucional y política».

«En todo conflicto de poderes existe un ‘poder invasor’ y un ‘poder invadido’. En este caso, un juez provincial de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la 2da Circunscripción Judicial constituye el «poder invasor» y el Senado es «el poder invadido» (concretamente, en cabeza del senador Traferri), ya que a través de una decisión judicial, dictada con un manifiesto exceso de jurisdicción, ha declarado inconstitucional una norma de la Constitución local y del Código Penal (…) ha pretendido ubicarse por encima del normal ejercicio de las atribuciones que la Constitución le atribuye a la Legislatura en el procedimiento de desafuero de un senador».

«En la resolución de este caso de conflicto de poderes se hallan comprometidos aspectos básicos y fundamentales de nuestra organización constitucional», señala.

«La actuación del Poder Judicial no se ha ceñido a los límites de oportunidad que exige la Constitución, ha actuado fuera del marco de un ‘caso’ o ‘causa’ y ha menoscabado facultades privativas e inmunidades funcionales propias del Poder Legislativo. Ello ha conducido a una situación en la que la medida dispuesta por el juez de la Cámara de Apelaciones sea arbitraria y, por ende, inválida», dice Traferri.

Para explicar la situación, el Dr. Gustavo Feldman, abogado penalista, quien ha escrito en distintos medios de comunicación sobre el tema expresó: “El juez Mascali argumenta que la Constitución de la Provincia de Santa Fe está en pugna con la Constitución Nacional cuando consagra la inmunidad de ser sometido a proceso, lo que en doctrina se llama la inmunidad plena. Mascali dice que por una cuestión de jerarquía de normas la inmunidad en la provincia de Santa Fe  no pueden ser distintas a las inmunidades a nivel general”.

En ese sentido, Feldman sostuvo que existen cuatro fallos al respecto que hablan de esta situación jurídica: “la Corte Nacional dice que no hay pugna entre la Constitución Nacional y la Constitución Provincial cuando se trata de la normativa que instituye el diseño del poder institucional en las provincias y dice la Corte Nacional en el caso Marincovich que no se puede exigir que una provincia cumpla un postulado que la Constitución no prevé para las provincias. No hay fundamento para exigir a las provincias el respeto de una cláusula que la misma Constitución Nacional no estableció para ellas. A nivel federal la jurisdicción a los jueces se lo da el acuerdo del Senado y a nivel provincial el acuerdo tiene que ser de la Asamblea Legislativa es decir de las dos cámaras».

Y añadió: “El segundo argumento que Mascali ensaya una supuesta violación de la igualdad de la ley porque dice que un legislador nacional puede ser sometido a proceso por dos fiscales provinciales, pero que un legislador provincial no puede ser sometido a proceso por por dos fiscales provinciales y que se debe al principio de igualdad de la ley. Eso es una es una burrada fenomenal, con la osadía de Mascali de citar la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, porque ha dicho que el principio de igualdad de la ley es el principio rector respecto a los gobernados no respecto de los gobernantes”.

El letrado agregó: “La segunda cuestión que destaca también la Corte la Constitución Nacional es que establece un piso del cual no se puede bajar, pero si se puede subir y pone un ejemplo determinante:  la Constitución Nacional establece como obligatorio para las provincias que haya un régimen de obligatoriedad para la escuela de escolaridad primaria. Si bien eso lo dice la Constitución Nacional, la provincia del Neuquén tiene consagrado en su constitución, el derecho a la escolaridad secundaria y la obligación del Estado de proveer hasta la escolaridad secundaria, esa cláusula no es inconstitucional”, finalizó Feldman.

Habrá que esperar si la jueza Eleonora Verón atenta a esta presentación judicial resuelve suspender la audiencia prevista para el 23 de agosto donde lo citará a Traferri a imputativa. Fuentes judiciales señalaron a este medio que no habrá cambios por la presentación del Senador y que la audiencia se mantiene firme.