Dos de los imputados, luego absueltos, Gabriel Godoy y Aldo Gómez volverán a cumplir funciones en la PDI, donde se desarrollaban en 2011 cuando desapareció Paula Perassi de 34 años.

Mediante una disposición firmada por el Jefe de Policía de la URXVII, Gonzalo Paz, tres de los cinco policías imputados en el caso de la desaparición de Paula Perassi y absueltos por el tribunal en primera instancia volverán a la jefatura local a cumplir tareas. En tanto cesaron las disponibilidades de otros dos jefes, también implicados que pasaron a retiro.

Se trata del suboficial Gabriel Godoy y del subinspector Aldo Gómez quienes retornarán a la Policía de Investigaciones, el mismo lugar donde cumplían funciones en septiembre de 2011 cuando  investigaban el caso de la desaparición de Paula Perassi, y que fueran  imputados por falsedad ideológica de instrumento público y de encubrimiento agravado, es decir que la fiscalía entendió que  los policías hicieron desaparecer pruebas para entorpecer la investigación de la causa.

La subinspectora María José Galtelli, también imputada, fue destinada a la División de Medicina de la URXVII, a partir de lo dispuesto por la resolución de hoy. A los tres se les devolverá la credencial de policía y sus respectivas armas reglamentarias.

En tanto, cesaron las disponibilidades de los ex Jefes de AUE, hoy PDI  y de la División Cuerpos, Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol respectivamente, quienes pasaron a retiro en el año 2016.

Cabe recordar que por un fallo del tribunal compuesto  por los jueces Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos, los cinco policías fueron absueltos el pasado 2 de mayo tras el juicio que los llevó al banquillo junto a Gabriel Strumia, Roxana Mitchl, Mirta Rusñisky y Darío Antonio Díaz. La fiscalía los acusó de llevar a cabo un plan para sacar a Paula Perassi de su casa el 18 de septiembre de 2011, practicarle un aborto, donde la mujer murió y descartar su cuerpo.

De esta forma, Gabriel Strumia, Roxana Michl, Antonio Díaz y Mirta Rusñisky fueron absueltos de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte y a los policías de encubrimiento, por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal del mismo, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes, sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba y falsedad ideológica.

Ahora, tras la apelación de la fiscalía y la querella, un tribunal de segunda instancia compuesto por Gustavo Salvador —presidente—, Carolina Hernández y Javier Beltramone revisará la sentencia los días 8, 9 y 10 de octubre.