Tribunales de San Lorenzo: De comparecer en una audiencia laboral a quedar imputados tras ingresar armados al edificio

Un hecho insólito se vivió este viernes en los Tribunales de San Lorenzo, cuando una pareja de comerciantes de Capitán Bermúdez terminó detenida por intentar ingresar armadas al edificio judicial.

Todo pasó minutos antes de las 8 de la mañana del pasado viernes. El hombre y la mujer identificados como  Mauro Germán R. y Marlén T. habían ido a los tribunales, porque tenían que presentarse en una audiencia laboral como parte demandada. Nada hacía pensar que ese trámite de rutina iba a terminar como terminó.

Cuando llegaron al control de acceso, la policía les pidió pasar sus bolsos por el escáner, como se hace habitualmente. Ahí saltó la alarma. En la pantalla apareció la imagen de dos armas de fuego, y al revisar la mochila, los efectivos confirmaron que se trataba de dos pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros. No estaban descargadas ni guardadas de cualquier forma: tenían los cargadores puestos, con balas, y estaban montadas y listas para disparar.

Ante la gravedad de la situación, los policías redujeron a los dos comerciantes —él de 44 años, ella de 39— y clausuraron los accesos al edificio. Inmediatamente avisaron a la fiscal de turno, Melisa Serena, quien dispuso el secuestro de las armas y la detención de la pareja. En medio del operativo también quedó momentáneamente demorada la abogada que los acompañaba para representarlos en el juicio laboral, hasta que se comprobó que no tenía nada que ver con el tema de las armas.

La Justicia decidió separarlos: el hombre fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, y la mujer a la Seccional 5ª de Rosario, que es donde alojan a las detenidas.

Este lunes,  se realizó la audiencia imputativa. El fiscal Carlos Ortigoza, en reemplazo de Serena, los acusó ante el juez Carlos Gazza de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma. Sin embargo, tras un acuerdo entre las partes, el fiscal y la Defensa Pública, y aceptado por el magistrado, ambos recuperaron la libertad, aunque con condiciones: deberán fijar un domicilio donde puedan ser notificados, presentarse cada vez que la fiscalía los cite y —como requisito obligatorio— completar y aprobar un curso ante el RENAR  (  Registro Nacional de Armas), sobre uso responsable de armas y las consecuencias legales  que conlleva portarlas sin autorización en lugares públicos.