El Gobierno nacional derogó una resolución que, desde hacía 25 años, obligaba a las escuelas y universidades privadas de Argentina a informar anualmente el importe de las cuotas y la matrícula a la Secretaría de Comercio de la Nación. Esta decisión, anunciada en el Boletín Oficial de la Nación, fue interpretada como un primer paso en la desregulación de los aranceles de las instituciones educativas privadas.

Las 14.000 escuelas privadas del país, subvencionadas o no, deberán seguir informando sus aranceles a las jurisdicciones.

La Resolución 678/99 establecía que los establecimientos educativos privados debían informar antes del 31 de octubre de cada año a la Nación el importe de la matrícula de inscripción o reinscripción. Además, debían notificar el valor total de la cuota o arancel mensual, discriminando los conceptos correspondientes a enseñanza programática, extraprogramática y todo otro concepto adicional, conforme a un formulario anexo de cuatro planillas.

Los colegios privados también debían informar a la Secretaría de Comercio la cantidad total de cuotas durante el año lectivo siguiente, la forma y plazo de pago de las cuotas, el monto y criterios de aplicación de los recargos en caso de mora y la cantidad de alumnos.

Ahora, los colegios y universidades privadas podrán implementar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin mayores restricciones.

Esta medida se toma a pocas semanas de que los colegios secundarios inicien sus procesos de recuperación de temas para los alumnos que adeuden materias de ciclos anteriores.

Asimismo, se da en el marco de la incipiente discusión sobre si la Argentina debe arancelar la educación universitaria para extranjeros.

La política de liberación de precios tiene un duro antecedente en la medicina prepaga, dado que las empresas dispusieron alzas de hasta 80% en apenas dos meses.

Si bien este es un mercado concentrado, e incluso los mismos actores admitieron que se pusieron de acuerdo para los incrementos, en el segmento educativo el escenario es más atomizado.

Pero el principal problema es que los alumnos ya fueron inscriptos el año pasado y ahora los padres quedan rehenes del aumento que se disponga sin tener la posibilidad de buscar otro colegio o pasarse a la escuela pública.